Durante la inauguración del Segundo Congreso Nacional de Personas Servidoras Públicas con Discapacidad, celebrado en Pachuca, escuché en más de una ocasión que las personas con discapacidad somos un ejemplo de lucha, fortaleza y resiliencia. No dudo de la buena intención de quienes pronunciaron esas palabras; sin embargo, las intenciones sobran donde los discursos replican estigmas.
Desde un enfoque de derechos humanos hay que ver más allá de la resiliencia que desarrolla una persona con discapacidad. Es necesario abordar las situaciones por las que se obliga a desarrollar dicha resiliencia para ejercer derechos que deberían estar garantizados.
La discapacidad no es únicamente una condición individual; es el resultado de la interacción entre las personas y un entorno que continúa levantando obstáculos físicos, sociales, culturales, institucionales y normativos. Si el énfasis se coloca exclusivamente en las virtudes individuales, se traslada la responsabilidad a quienes enfrentan la exclusión y deja en segundo plano la obligación que tienen las instituciones de transformar las condiciones que la producen.
Es valioso tener espacios de encuentro como este. Para mí lo más importante estuvo en las mesas de trabajo, donde Personas con Discapacidad, servidoras y servidores públicos, especialistas y organizaciones de sociedad civil compartimos experiencias, identificamos problemas y construimos propuestas.
Uno de los mayores desafíos es dejar de pensar la discapacidad como un tema sectorial donde se delega la responsabilidad a una dirección, un instituto o una secretaría, cuando en realidad las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad atraviesan prácticamente toda la acción del Estado. Por eso la inclusión debe asumirse como un principio transversal que oriente todas las políticas públicas y no como una agenda confinada a un área específica.