México tiene problemas económicos de carácter estructural que siguen sin resolverse. Traigo esto a colación ahora que el Congreso analiza el Paquete Económico para 2027, porque algunas cifras pueden dar la impresión de que nuestras finanzas públicas son más sólidas de lo que realmente son.
Me quiero referir particularmente a la deuda pública, que suele presentarse como relativamente prudente cuando se compara con el tamaño de la economía. Para 2027 se estima alrededor de 55 por ciento del PIB. A primera vista, la cifra parece favorable frente a otros países desarrollados que registran niveles de endeudamiento superiores.
El problema es que comparar deuda contra PIB cuenta sólo una parte de la historia.
México tiene una capacidad recaudatoria extraordinariamente baja. De acuerdo con la OCDE, los ingresos tributarios representaron apenas 18.3 por ciento del PIB en 2024, frente a un promedio de 34.1 por ciento entre los países miembros. Es decir, México recauda, en proporción, poco más de la mitad del promedio de la organización. Esto cambia por completo la lectura de nuestra deuda.
Un país con una elevada capacidad de recaudación puede soportar un determinado nivel de endeudamiento con mayor facilidad que otro cuyos ingresos fiscales son mucho menores. Por eso, además de observar cuánto debemos, debemos preguntarnos cuánto nos cuesta esa deuda y con qué recursos contamos para pagarla.
La propia OCDE estima que el costo del servicio de la deuda mexicana alcanzará alrededor de 4.1 por ciento del PIB en 2026. Son recursos que necesariamente compiten con otras prioridades nacionales. Cada peso destinado al pago de intereses es un peso que no puede utilizarse simultáneamente en infraestructura, salud, educación o seguridad.
Ahí está, a mi juicio, uno de los verdaderos problemas estructurales de las finanzas públicas mexicanas: no sólo cuánto debemos, sino nuestra limitada capacidad para financiar las obligaciones del Estado y, al mismo tiempo, realizar las inversiones que el país necesita.
México requiere ampliar de manera sostenible su base fiscal, pero eso difícilmente puede lograrse elevando impuestos a quienes ya los pagan. Uno de los grandes pendientes es reducir la enorme informalidad de nuestra economía.
En el segundo trimestre de 2026, alrededor de 55 por ciento de la población ocupada estaba en la informalidad laboral. Más de la mitad de los trabajadores del país. Esto limita la recaudación, reduce el acceso de millones de personas a mecanismos formales de seguridad social y representa un problema mayor frente al inevitable envejecimiento de la población.
Necesitamos una reforma fiscal integral que incentive la formalidad, amplíe la base de contribuyentes y fortalezca los ingresos públicos sin desalentar la inversión y la creación de empleos.
El verdadero riesgo no está en reconocer los problemas, está en convencernos de que, porque algunos indicadores se ven bien en términos relativos, esos problemas no existen.