¿Puede México perder el grado de inversión?

Ciudad de México /
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Esta es una pregunta que hoy se hacen muchos inversionistas mexicanos. La respuesta más honesta es sí, existe esa posibilidad. Sin embargo, cuando mis clientes me lo preguntan, también les digo que no considero que sea un riesgo de corto plazo.

Salvo que ocurra un evento extraordinario de aquí a finales de año, me parece poco probable que las agencias modifiquen la calificación de la deuda soberana de México. No obstante, durante 2027 volverán a pronunciarse. No sabemos si lo harán en el primer trimestre o esperarán a contar con mayor información, pero es un hecho que revisarán nuevamente la situación financiera del país.

Si México llegara a perder el grado de inversión, las consecuencias serían importantes. La primera sería una reducción en la demanda por bonos gubernamentales mexicanos. Muchas instituciones financieras internacionales tienen restricciones que únicamente les permiten invertir en deuda soberana de países que conservan el grado de inversión otorgado por al menos dos agencias calificadoras.

En ese escenario, una parte del capital extranjero invertido en bonos mexicanos tendría que salir del país. Actualmente, la tenencia extranjera de deuda gubernamental asciende a alrededor de 1.8 billones de pesos, por lo que cualquier ajuste representaría una presión importante para el mercado financiero nacional.

Sin embargo, el efecto más preocupante estaría en la inversión extranjera directa. Las empresas toman decisiones para horizontes de 10 o 20 años, y la pérdida del grado de inversión enviaría una señal de mayor riesgo. Muchos proyectos podrían posponerse o dirigirse hacia otros países que ofrezcan mayor certidumbre.

Por ello, el tiempo que hoy nos conceden las calificadoras representa una oportunidad que no debemos desaprovechar. Es momento de fortalecer las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, contener el crecimiento de la deuda y encontrar mecanismos que permitan aumentar los ingresos del Estado.

México necesita una reforma fiscal integral. Es una decisión políticamente costosa, pero necesaria en materia económica. Mientras más tiempo se posponga, mayor será el riesgo de que las agencias calificadoras concluyan que el país no ha corregido el rumbo.

La posibilidad de perder el grado de inversión existe, pero aún estamos a tiempo de evitarlo. La decisión dependerá, en buena medida, de la disciplina fiscal que demuestre la presente administración durante los próximos meses.


  • Manuel Somoza
  • Presidente de Somoza y Asociados, Asesor Financiero Afiliado a GBM. Economista por la Universidad Anáhuac con maestría en Finanzas por el Tec de Monterrey.
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