El Gobierno de Tamaulipas destinó más de 17 millones de pesos a una intervención en la salida a Monterrey, en Ciudad Victoria, bajo el argumento de “mejorar la fluidez vehicular” mediante una obra que consistió en reducir la glorieta de la avenida Tamaulipas y ampliar el espacio para la circulación de automóviles.
Como ya es costumbre entre las autoridades mexicanas, el proyecto fue presentado como una mejora técnica, sin embargo, se trata de una política pública atrasada: seguir respondiendo al congestionamiento con más carriles, más velocidad y más concreto.
Es la misma receta que durante décadas ha producido ciudades dependientes del automóvil, peligrosas para caminar, hostiles para las personas con discapacidad y profundamente desiguales.
Pero mi objetivo con esta crítica no se trata sólo de cuestionar una glorieta, sino de exigir explicaciones sobre la forma en que el gobierno decide gastar el dinero público.
Más de 17 millones de pesos no son una cifra menor. Son recursos que pudieron destinarse a banquetas continuas y accesibles, cruces seguros, iluminación peatonal, arbolado, paradas dignas de transporte público, infraestructura ciclista y rutas protegidas hacia hospitales, escuelas y colonias.
Sin embargo, nuevamente se eligió beneficiar a quienes ya cuentan con automóvil, mientras quienes enfrentan mayores obstáculos para desplazarse siguen esperando condiciones mínimas de seguridad y dignidad. Eso también es una decisión política.
Cuando una autoridad amplía carriles y construye incorporaciones para aumentar la velocidad vehicular, está definiendo quién merece llegar más rápido y quién deberá exponerse más para cruzar. Desde el automóvil, una vialidad ancha puede parecer eficiente. Desde una silla de ruedas, una carriola, una bicicleta o una parada sin sombra, puede convertirse en una barrera.
Para quienes no lo sepan, la movilidad no consiste en desalojar coches de una intersección. Consiste en garantizar que todas las personas puedan llegar a sus destinos de manera segura, accesible, sostenible y autónoma. Por lo que confundir movilidad con fluidez vehicular revela una visión limitada del gobierno y una preocupante incapacidad para entender la ciudad más allá del parabrisas.
Además, ampliar la capacidad vial no resuelve estructuralmente el congestionamiento. Facilitar el uso del automóvil genera más viajes en automóvil y, con el tiempo, la saturación reaparece. Por lo que este tipo de soluciones solo son medidas paliativas que no solucionan ningún problema de raíz.
Sin dejar de lado que, con este tipo de soluciones también se ignora el costo ambiental ya que, más pavimento implica más calor acumulado, menos infiltración de agua, mayores escurrimientos y menos espacio para árboles. y eso, en una ciudad expuesta a temperaturas extremas, lluvias intensas y falta de sombra, sustituir superficie permeable por concreto es una irresponsabilidad climática.
El Gobierno de Tamaulipas debe dejar de presentar como progreso cualquier obra que añada carriles. Necesitamos políticas públicas con metas verificables de reducción de siniestros, accesibilidad universal, movilidad activa, transporte público digno, disminución de velocidades y protección ambiental.
¿Hasta cuándo se van a dar cuenta de eso nuestras autoridades? Supongo, que hasta que se bajen de sus automóviles blindados y comiencen a habitar las ciudades que gobiernan tal como lo hacemos la gran mayoría de las y los ciudadanos.