En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inauguró su supuesta “guerra contra el huachicol” con todo el espectáculo necesario: soldados en ductos, conferencias triunfalistas y ciudadanos haciendo filas eternas para cargar gasolina mientras se nos repetía que el sacrificio valía la pena porque ahora sí se estaba combatiendo a las mafias.
Seis años después, el resultado parece sacado de una tragicomedia mexicana: el huachicol no desapareció, simplemente se modernizó… y, según los propios datos oficiales, volvió a crecer.
El informe más reciente de Pemex enviado a la SEC de Estados Unidos reconoce que en 2025 el robo de combustibles alcanzó un promedio de 19 mil 600 barriles diarios, 15.3% más que el año anterior.
Traducido al idioma que sí entiende cualquier ciudadano: más de tres millones de litros diarios desapareciendo mientras el gobierno presume “avances históricos”.
Solo en pérdidas directas, la petrolera reconoce un boquete de 23 mil 491 millones de pesos en un año.
Pero claro, seguramente todo está “bajo control”, igual que la seguridad, la salud y el crecimiento económico.
Y eso es apenas la cifra oficial. El excomisionado de la CRE, Francisco Barnés de Castro, calcula que las pérdidas reales por huachicol durante 2025 rondaron los 123 mil 500 millones de pesos y que, en todo el periodo de la llamada cuarta transformación, el saqueo acumulado supera los 515 mil millones. Con ese dinero Pemex podría pagar su deuda con proveedores y todavía alcanzaría para otra refinería “que no refina”.
Pero no hay problema: en la mañanera siempre aparece una gráfica acomodada para decir que ahora sí vamos ganando.
Porque el verdadero detalle incómodo es que el negocio ya no depende solamente de perforar ductos.
El nuevo modelo estrella es el huachicol fiscal: empresas fantasma, importaciones simuladas, facturas falsas y combustible ilegal entrando por aduanas con absoluta normalidad burocrática.
La propia Fiscalía reconoce investigaciones contra cientos de empresas, transportistas y gasolineras involucradas en estas redes.
Y recientemente anunció la desarticulación de una estructura de “petrofactureros” que operaba con decenas de compañías dedicadas a lavar combustible robado o de contrabando.
Las investigaciones periodísticas han ido todavía más lejos. Reportes de N+ Focus documentan redes que involucran empresarios, mandos militares y responsables aduanales en operaciones multimillonarias.
La detención en Argentina de Fernando Farías Laguna, excontralmirante y sobrino del exsecretario de Marina, señalado por facilitar el ingreso ilegal de combustible, deja una pregunta bastante incómoda: ¿de verdad alguien cree que se pueden mover millones de litros diarios sin protección política y sin complicidades dentro del propio aparato gubernamental?
Aun así, el discurso oficial insiste en presumir que las tomas clandestinas disminuyeron.
Lo curioso es que la propia Pemex admite que eso no significa menos delito, sino simplemente que los grupos criminales cambiaron de métodos.
Traducido al español simple: ya no roban igual… ahora roban mejor.
El saldo es demoledor. El sexenio que prometió erradicar el huachicol terminó registrando más de 72 mil tomas clandestinas, muy por encima de las 28 mil del gobierno anterior.
Y el arranque del nuevo gobierno mantiene intacta la sangría: combustible robado, redes fiscales ilegales, aduanas penetradas y funcionarios bajo sospecha.
Al final, quizá el mayor éxito de la 4T no fue acabar con el huachicol, sino convencer a millones de mexicanos de que una conferencia mañanera puede reemplazar a la realidad.
Porque mientras el gobierno sigue celebrando “victorias”, los números cuentan otra historia: el huachicol sobrevivió, evolucionó y aprendió a convivir perfectamente con quienes juraron destruirlo.