¿Dónde quedaron 7 mil 497 millones de pesos destinados a la atención médica de quienes no tienen seguridad social?
La pregunta surge de la auditoría a la Cuenta Pública 2025: la Auditoría Superior de la Federación encontró que el IMSS-Bienestar retuvo transferencias correspondientes a 14 estados y no presentó documentación que acreditara su destino final.
Que esos recursos no estén comprobados no demuestra, por sí mismo, un desvío.
Pero tampoco permite al gobierno actuar como si nada hubiera ocurrido. Menos, todavía, en un escenario en el que, por más que lo quieran negar, sigue habiendo desabasto con el consecuente deterioro de la salud de los pacientes.
Hay más, la revisión encontró otra irregularidad, ésta, de 15 mil 392 millones de pesos retenidos para adquirir medicamentos, el organismo documentó compras por 9 mil 519 millones.
La diferencia, 5 mil 873 millones, tampoco quedó debidamente explicada.
Son observaciones distintas que requieren aclaraciones precisas, no discursos ni estadísticas de inauguraciones. La ASF pidió la intervención del Órgano Interno de Control y, en su caso, sanciones. La ciudadanía merece conocer los resultados. No discursitos baratos en la mañanera.
El problema, además, es que estas “dudas” aparecen cuando enfermarse resulta cada vez más costoso para millones de mexicanos.
Según el INEGI, en 2024 había 44.5 millones de personas con carencia de acceso a servicios de salud. La cifra mejoró respecto de 2022, pero seguía muy por encima de los 20.1 millones registrados en 2018.
Algo falló en la promesa de garantizar atención gratuita y oportuna. Dinamarca siguió quedando muy lejos, a pesar de las declaraciones y las farsas del mitómano que ocupó Palacio y de quien se encarga actualmente de darle continuidad a sus falacias.
La desaparición del Seguro Popular no eliminó las enfermedades ni las cuentas hospitalarias.
Eliminó un mecanismo que, con todas sus deficiencias, ayudaba a proteger a familias sin seguridad social frente a tratamientos de alto costo.
Un análisis publicado por Nexos señala que, entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud aumentó 42.9% en términos reales.
Y mientras los servicios públicos no responden, la consultora WTW prevé incrementos de los costos médicos de 13.5% en 2026 y 12.8% en 2027.
En otras palabras, quienes pagan las facturas de las malas decisiones son las familias de los enfermos. Y el monto de esas facturas, ese sí que se parece cada vez más a Dinamarca.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a cambiar funcionarios o anunciar nuevas compras.
Se necesitan cuentas claras, inventarios verificables, seguimiento público de cada peso y cada medicamento, corrección de los mecanismos de distribución y responsabilidades cuando existan faltas.
Sobre todo, hay que recuperar la protección financiera de las familias ante enfermedades graves.
El oficialismo perverso presume que su prioridad son los pobres y colocan cifras a modo para, según ellos, demostrar que México está mejor.
Pero cuando faltan medicinas, análisis clínicos o quirófanos, una familia vende lo poco que tiene, pide préstamos o interrumpe tratamientos.
Y esa factura no la paga el gobierno: la pagan los enfermos y quienes los cuidan.
Primero los pobres, dicen. Parece que no estaban pensando en los pobres enfermos.