México ha conocido numerosos escándalos de presunta corrupción, investigaciones por desvío de recursos y funcionarios sometidos a procesos judiciales; sin embargo, determinar cuánto dinero se ha recuperado y cuántos responsables han sido sancionados exige revisar los resultados de cada caso, más allá de las denuncias y los señalamientos públicos. La pregunta de fondo es si las instituciones consiguen esclarecer los hechos, fincar responsabilidades y recuperar los recursos cuando se acredita un daño al erario y la respuesta en la mayoría de los casos es… No.
La historia ofrece ejemplos que permiten dimensionar la persistencia del problema; durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, diversos escándalos políticos marcaron la vida pública del país. Años después, el caso de la Casa Blanca, relacionado con una propiedad de la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto y un contratista del gobierno, generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y provocó una severa crisis de credibilidad. En otro ámbito, las investigaciones sobre Odebrecht revelaron una red internacional de sobornos que también tuvo repercusiones en México.
Más recientemente, la Estafa Maestra documentó mecanismos de contratación entre dependencias federales, universidades públicas y empresas que fueron objeto de investigaciones por presuntos desvíos de recursos. Segalmex, por su parte, quedó en el centro de investigaciones por irregularidades financieras durante su operación. Aunque se trata de casos distintos, ambos exhibieron riesgos en los mecanismos de contratación, supervisión y control del gasto público.
Frente a estos antecedentes, México ha impulsado leyes de transparencia, auditorías y mecanismos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la existencia de estas herramientas no garantiza por sí sola que las irregularidades se detecten a tiempo o que las investigaciones concluyan con sanciones. Su eficacia depende de la capacidad institucional, la independencia de las autoridades competentes y la aplicación de la ley.
El caso que hoy se señala en el Instituto Nacional Electoral obliga, además, a ampliar la discusión; la corrupción no puede atribuirse automáticamente a una institución completa ni darse por acreditada a partir de una denuncia y es necesario establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron y si existieron responsabilidades administrativas o penales. Pero también debe quedar claro que ninguna organización, pública o ciudadana, está exenta de justificar el uso de los recursos que administra.
El problema no se resuelve únicamente con nuevas leyes o discursos contra la corrupción pues se necesitan investigaciones sólidas, sanciones sustentadas en pruebas, recuperación de recursos cuando proceda y mecanismos que impidan la repetición de las irregularidades. Cada peso público mal utilizado representa una pérdida de oportunidades para atender necesidades colectivas.
Lamentablemente, la experiencia mexicana demuestra que la corrupción sigue siendo un desafío para las instituciones. No sabemos cuál será el próximo escándalo, pero sí podemos exigir que cada caso se investigue sin privilegios ni persecuciones selectivas, lo que lamentablemente parece ser es la constante.