La política mexicana aceptó que las mujeres llegaran a las boletas, pero todavía tiene problemas para aceptar que lleguen a los lugares donde se toman las decisiones; si lo duda la diferencia se nota cuando toca repartir candidaturas, definir quién compite por una gubernatura o decidir quién encabeza un gobierno municipal. En muchas ocasiones la igualdad deja de ser discurso y empieza a incomodar a quienes durante años controlaron esos espacios.
Sabemos que las cuotas de género fueron el primer intento por corregir una exclusión histórica, pero pronto aparecieron las formas de evadirlas; habrá que recordar en 2009, el caso de las llamadas Juanitas exhibió una de las más evidentes: diputadas que solicitaron licencia después de asumir el cargo para ceder su lugar a suplentes hombres. La regla había permitido su llegada, pero no había impedido que otros conservaran el control.
Las reformas posteriores cerraron algunas de esas salidas y en 2014 se incorporó la paridad a las candidaturas legislativas mientras que en 2019, el principio se extendió a los tres poderes y a los distintos niveles de gobierno. Los congresos cambiaron su composición y México llegó a tener una mujer en la Presidencia de la República. Sería absurdo negar la dimensión de esos avances, pero también lo sería suponer que las reformas modificaron por decreto las prácticas de los partidos.
La resistencia se ha expresado de distintas maneras: candidaturas femeninas en distritos donde una fuerza política tiene pocas posibilidades de ganar, diferencias en el financiamiento de las campañas y recursos legales contra las disposiciones que buscan garantizar la presencia de mujeres en las gubernaturas. No es una conducta exclusiva de un partido pues los antecedentes recogidos en el balance de la paridad muestran que las controversias han involucrado a distintas fuerzas políticas.
El asunto es especialmente visible en los cargos ejecutivos, donde no hay una lista de legisladores que permita repartir los espacios. Una gubernatura, una presidencia municipal o la titularidad de un gobierno se entrega a una sola persona; y cuando se trata de elegir quién ocupará ese lugar, la paridad obliga a revisar acuerdos, intereses y decisiones que en la mayoría de los casos quienes deciden son hombres.
Tampoco basta con que las mujeres lleguen a los congresos pues su presencia numérica no siempre se traduce en acceso a los espacios estratégicos de decisión basta ver qué género ocupan las coordinaciones de la bancada mayoritaria en el Senado y en San Lázaro. Además, la responsabilidad de impulsar iniciativas relacionadas con la igualdad tendió a recaer en las propias legisladoras, como si esos asuntos no correspondieran al conjunto de quienes integran el Poder Legislativo.
A las dificultades para competir se suma la violencia política, sobran ejemplos de cómo las agresiones y las presiones contra mujeres que participan en la vida pública no son un asunto secundario ni un costo que deban aceptar para buscar un cargo. Cuando una candidata tiene que preocuparse por defenderse de ataques, además de competir por el voto, las condiciones de participación dejan de ser iguales.
Triste pero cierto el triunfo de Claudia Sheinbaum demuestra que una mujer puede alcanzar el cargo más alto del país, pero no garantiza que las estructuras políticas estén dispuestas a ofrecer las mismas oportunidades a las demás. Confundir una conquista histórica con la desaparición de las barreras sería dar por terminado un debate que sigue abierto.
En Hidalgo, como en el resto del país, la discusión sobre la paridad no debería limitarse a cuántas mujeres aparecen en las candidaturas. La pregunta es si los partidos les ofrecen posibilidades reales de competir y si, una vez que llegan al gobierno, pueden ejercer el cargo sin depender de quienes las impulsaron o pretenden conservar el control.
La paridad ya modificó las reglas de la política mexicana pero lo que sigue pendiente es que cambie la manera de ejercerla.