“Pruebas, pruebas, que se envíen pruebas; hasta ahora no han enviado nada”, exigió Claudia Sheinbaum al fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, respecto de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos.
De acuerdo con el tratado bilateral de extradición, Blanche cuenta todavía con cincuenta días para poner sobre el escritorio de la mandataria la evidencia solicitada. Podría el gobierno de México cruzarse de brazos mientras llega el abultado expediente de testimonios que corroborarían los vínculos criminales entre la facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos y la cúpula del partido Morena en esa misma entidad.
O bien, podría la administración ocupar esos mismos brazos para recolectar las muchas pruebas que existen dentro de México y que probablemente son más robustas que aquellas en posesión de los vecinos.
La acusación contra Rocha y las demás personas resulta creíble porque, desde 2021, hay indicios que apuntan al corazón de la sociedad tejida entre el partido guinda y los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Es cierto que las pruebas de esta colusión no fueron presentadas ante la fiscalía estatal de Sinaloa; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió en tiempo real información preocupante, misma que turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras tanto, liderazgos y operadores de la oposición, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhibieron ante la opinión pública haber sido víctimas del acuerdo mafioso. La prensa dio igualmente noticia oportuna sobre la operación electoral coordinada por las huestes criminales.
El INE, los priistas afectados y los colegas de la prensa debieron ser llamados a declarar por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), cuyo titular en 2021 era Agustín Ortiz Pinchetti.
Este funcionario debió abrir de oficio indagatorias sobre lo ocurrido en aquellas elecciones estatales. Sin embargo, decidió no hacer nada. Gracias a ese favor brindado a Rocha y los suyos es que hoy el gobierno de México puede decir que no cuenta con pruebas que inculpen a las personas acusadas en Estados Unidos.
Todavía es tiempo de hacer lo que entonces no se hizo. Por ejemplo, llamar a declarar ante la Fisel a José Alberto Salas Beltrán, entonces secretario de organización del PRI, quien la madrugada previa a la elección fue violentado por un comando armado dentro de su domicilio.
También a Guadalupe Iribe Gascón, candidata del PRI a la alcaldía de Badiraguato. Ella optó por abandonar la carrera cuando varios integrantes de su equipo de campaña fueron secuestrados.
Desde Guasave podrían aportarse más testimonios. Entre ellos, el de la regidora Martha Yolanda Dagnino y otros funcionarios municipales, privados de la libertad desde que las casillas abrieron sus puertas hasta que las cerraron.
La diputada local, Paola Gárate, fue igualmente víctima de este operativo para inhibir la competencia electoral: un día antes de los comicios sufrió una emboscada a cargo de sujetos armados.
El candidato a gobernador del PRI, Mario Zamora, pidió la misma noche que Rocha se alzó con el triunfo, que liberaran a sus correligionarios retenidos durante el proceso: “les pido de favor y con humildad, suelten a todos nuestros compañeros que aún están privados de la libertad”.
El INE también podría proporcionar evidencia sobre la violencia electoral. En entrevista, funcionarios de esa institución me aseguran haber detectado en los días previos a los comicios, movimientos inhibitorios del voto en el municipio de Ahome.
Si bien se solicitó a las fuerzas federales que intervinieran, estas tardaron en tomar en serio la denuncia de la autoridad electoral ya que habían concentrado a sus efectivos en el sur del estado, donde no había indicios de conflicto, en vez de proteger a las personas votantes del norte de Sinaloa, zona en la que ocurrió un número importante de irregularidades.
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE en esa época, confirma los hechos narrados por los liderazgos priistas: “El patrón general, antes y durante la jornada electoral de aquel 6
de junio, implicó la participación de comandos armados que privaron de la libertad a operadores políticos opositores de Morena”.
Se trató de una alianza política entre un poder fáctico y un partido institucional, a partir de una serie de candidaturas que debían promoverse, al mismo tiempo que se inhibió de manera violenta las candidaturas de otros partidos.
“Hicieron ingeniería electoral —afirma Jacobo— es decir, que atacaron en lugares donde podía perderse la elección. En esas coordenadas quirúrgicamente seleccionadas inhibieron la votación y atacaron a las cabezas de la organización partidaria enemiga.
“La violencia no fue un fenómeno espontáneo, sino un operativo coordinado que abarcó Culiacán, Badiraguato, Concordia, Ahome y Guasave, entre otros municipios, dirigido sistemáticamente para desarticular la estructura opositora”.
En aquellos comicios de 2021 Rubén Rocha Moya obtuvo 24 puntos de diferencia respecto a su adversario más cercano, Mario Zamora. El dato sorprendió porque ninguna encuesta previa adelantó ese resultado.
“Veo un patrón muy claro —concluye Edmundo Jacobo—: ahí donde la competencia estaba reñida y la oposición tuvo alguna posibilidad de triunfo, el crimen organizado impuso un ambien-
te de miedo y atacó a los adversarios de Morena. Con ello logró que el diferencial se amplificara de manera exagerada”.
Interrogo a Jacobo si el INE turnó a la FGR pruebas relacionadas con este operativo. Responde afirmativamente. Cuestiono si ese acto tuvo consecuencias. Levanta la mirada y contesta que no: “cero, ninguna consecuencia”.
Ya no está Ortiz Pinchetti para justificar la inacción. Tampoco el exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, porque por estos días disfruta su nuevo nombramiento en Gran Bretaña.