Después de 107 días de la toma arbitraria de la Universidad de las Américas campus Puebla (Udlap), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió tomar cartas en el asunto.
Desde el 29 de junio más de 10 mil alumnos y 2 mil 200 profesores han sido víctimas de violencia. “Nunca me imaginé que iba a tener la bota policiaca oprimiendo mi cabeza”, me dice la doctora Melina Gómez Bock, coordinadora de la carrera de Física de la Udlap.
El origen de esta crisis es oscuro: hace 10 años Alejandro Gertz Manero, actual Fiscal General de la República, emprendió una batalla legal para apropiarse del nombre y del logo de la Udlap. Cuando este pleito comenzó, él era dueño y rector de otra universidad que lleva también el nombre “de las Américas,” pero cuyas instalaciones están ubicadas en Ciudad de México.
Este asunto legal se resolvió tiempo después, dejando insatisfecho al actual fiscal. Sin embargo, beneficiado por el cargo que ahora ocupa, Gertz logró que un juez de amparo, afín a sus intereses, resucitara el expediente para ampliar las denuncias en contra de los herederos de la familia Jenkins, quienes, hasta recientemente, lideraban el patronato de la Udlap.
La parte agraviada afirma que si Gertz no hubiese sido fiscal, dicho amparo jamás habría prosperado. Todavía más grave, si Gertz no hubiese litigado este asunto desde la FGR, la crisis por la que atraviesa la Udlap no estaría ocurriendo.
La maniobra del fiscal permitió escalar el conflicto al punto donde hoy, varios integrantes de la familia Jenkins están siendo perseguidos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Del lado de Gertz se sumó a la batalla el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien nombró a los nuevos integrantes del patronato de la Udlap y al rector espurio, Armando Ríos Piter.
Este es un caso donde el conflicto de interés se asoma por todos lados. El fiscal litiga desde la FGR como si se tratara de su despacho personal y utiliza los recursos del contribuyente para vengar todos los litigios que antes hubiera perdido.
Zoom: la intervención de la SCJN, a partir de la atracción del caso —ejercida por el ministro Juan Luis González Alcántara— es esperanzadora, porque puede devolver equilibrio a una situación marcada por el abuso de poder.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael