El paso hacia adelante que significó la aprobación por parte del Congreso del Estado de la iniciativa enviada por el gobernador electo para crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, habría que entenderla como lo que fue: un reconocimiento de la existencia del grave problema público de la crisis humanitaria que padecemos las jaliscienses en torno al fenómeno de desaparición de personas.
Dicho reconocimiento ciertamente no es un paso menor, toda vez que representa que el asunto pasó a formar parte de las prioridades en la agenda del próximo gobierno estatal. En este sentido, las legítimas reservas y preocupaciones expresadas en torno a dicha decisión más que cuestionar la idoneidad de la nueva estructura orgánica que se sumará a la administración pública estatal, resultarían más provechosas si apuntan sus baterías en los aspectos estratégicos que habrán de conformar su puesta en marcha como son, por ejemplo, los perfiles y habilidades de sus servidores públicos, la estructura y suficiencia presupuestal, la definición de procedimientos y protocolos de búsqueda.
Más allá de los aspectos normativos aprobados que configurarán la nueva dependencia estatal y su estructura orgánica, valdría la pena reflexionar lo más ampliamente posible sobre el sistema de conocimiento socialmente relevante que se espera producir a través de la interlocución de la nueva secretaria tanto al interior de la administración pública como hacia el exterior, particularmente con los familiares de personas desaparecidas. En este sentido, una cuestión clave debe centrarse en resolver la siguiente cuestión: ¿Qué tipo de inteligencia resulta pertinente producir para asegurar una efectiva prevención y persecución del delito de desaparición de personas?
De la forma en que se responda esta cuestión dependerá, ni más ni menos, la indispensable como urgente recuperación de la confianza entre los diversos colectivos integrados por los familiares de personas desaparecidas. La deseable vuelta a la página a esta crisis humanitaria pasa necesariamente por un primer paso: el mejoramiento y sostenimiento de las relaciones de dichos colectivos con el gobierno.