Nuestras sociedades están pobladas por legiones enteras de ciudadanos no solo desinformados sino perfectamente indiferentes a lo que acontece en el espacio público. Se encontrarían, estas personas, en el extremo opuesto al individuo que sigue de cerca los aconteceres de la arena política y que, dueño de un oportuno espíritu cívico y sabiéndose afectado por lo que se cocina en los ámbitos partidistas, ejerce de manera muy consciente sus potestades.
Al régimen de doña 4T, al parecer, no le acomoda la existencia del ciudadano bien formado y exigente, reclamador de derechos reales y, en esa categoría, crítico abierto de la manera en que los de arriba puedan estar manejando la cosa pública.
El asistencialismo que practican nuestros gobernantes va en sentido opuesto a la emancipación global de los pobladores de este país. Y sí, nos damos cuenta de que el propósito de las políticas que han implementado los morenistas es agenciarse las voluntades de unos votantes calculadamente reducidos a una condición de perpetuos peticionarios, contentados a punta de ayudas sociales y, por ello mismo, disociados de una realidad tan aplastante como innegable, la del abismal deterioro de los servicios, del aparato de salud, de la seguridad y de la educación que provee el Estado.
Eso, lo de tener un país que funciona bien y que atiende con eficacia las necesidades de sus pobladores, debería de ser el primer propósito de cualquier administración. Es cierto que en México se evidencian colosales niveles de desigualdad social pero, justamente, la ruta emprendida no llevará ni lejanamente a que las cosas cambien de fondo.
El oficialismo ostenta una vocación pretendidamente benefactora teñida, además, de empalagoso paternalismo: más allá de los oscuros pactos celebrados entre el poder gubernamental y el otro, el poder criminal, no es nada casual la sentencia de “abrazos y no balazos” sino reveladora de una calculada benevolencia, un buenismo de receta dirigido a aletargar a las clientelas eximiéndolas de cualquier posible exigencia.
Un gobierno genuinamente preocupado por el bienestar no cancelaría una reforma educativa para favorecer a los sectores más radicales del sindicalismo magisterial ni destruiría tampoco el Seguro Popular. El asunto es que millones y millones de mexicanos, despreocupados y displicentes, no le están pasando factura.