Política Irremediable

Estamos avisados: prisión de máxima seguridad

Román Revueltas Retes

La malignidad de los científicos puede ser infinita, aparte de escalofriante. Para mayores señas, oportuna y convenientemente reciclados en diseñadores de armas, son perfectamente capaces de proyectar no sólo los artilugios más mortíferos —es más o menos comprensible el propósito: el asunto es matar al adversario con prontitud y eficacia— sino, ya entrados en gastos y habiéndole tomado gusto al asunto, llegan a inventar instrumentos absolutamente terroríficos —bombas de fragmentación, gelatinas que queman los tejidos humanos sin apagarse, minas terrestres que lanzan centenares de dardos al ser pisadas, etcétera, etcétera— y ahí las cosas dejan de entenderse porque no se trata ya de exterminar a los demás de la manera más práctica sino de hacerlos sufrir. No es utilitarismo: es crueldad pura, bajeza, sadismo y ruindad.

Los sabios de laboratorio de aquí, que yo sepa, no andan en esos menesteres. No son responsables de ataques atómicos ni de bombardeos con armas químicas ni de nada de eso. En todo caso, aquellos que poseen las necesarias cualificaciones han emigrado a países donde la tecnología de la muerte se industrializa a gran escala, o sea, que no siguen ya a la sombra del Conacyt en estos pagos. Los que sí se benefician de las ayudas públicas del Estado mexicano a la ciencia se dedican meramente a la investigación, a publicar estudios, a enseñar en los centros académicos y sanseacabó. Es decir, no son parte de la cofradía de los referidos malignos y de todas maneras los inventores de las herramientas del horror, hasta donde podemos estar enterados, no suelen ser sometidos a juicios ni tampoco rendir cuentas por crímenes de guerra. Se castiga a los ejecutores, cuando toca, no a los fabricadores.

Pero, miren, más de una veintena de ellos, de un total de 31 personas, son perseguidos por la justicia mexicana por haber formado parte de una asociación civil, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que, según dicen los acusadores de la Fiscalía General de la República, recibió fondos, de forma ilícita, del mentado Conacyt.

El supuesto delito ha sido desestimado tres veces por los jueces y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era legal la transferencia de recursos al FCCyT. Pero el fiscal en jefe de la nación mexicana prosigue con la causa y quiere obtener a toda costa órdenes de aprehensión para llevar a esos 31 acusados a… ¡una prisión de máxima seguridad! Serían culpables, según el máximo perseguidor, de delincuencia organizada y de operar con recursos de procedencia ilícita.

En este país no combatimos a los canallas que secuestran, que extorsionan y que asesinan. Seguimos con los brazos cruzados mientras las mafias controlan cada vez más regiones del territorio nacional. Lo que hacemos en México es acosar a los científicos. El mundo al revés…


Román Revueltas Retes

revueltas@mac.com

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