Este escribidor debe confesar que el tema del tráfico de drogas no le inquietaba demasiado. Embobar a un menor de edad para engancharlo en el consumo sí que es un quebrantamiento mayor, desde luego, pero lo otro, que una persona adulta decida por sus pistolas narcotizarse es asunto estrictamente suyo, con todo y que las adicciones sean también un problema de salud pública.
Ya puestos, habría que prohibir el alcohol (ya se hizo en los Estados Unidos, durante más de diez años, de 1920 a 1933, con catastróficos resultados: las organizaciones criminales se fortalecieron, se multiplicó el contrabando y aparecieron bares clandestinos por todos lados), erradicar el tabaco y clausurar todos los casinos para que la gente no caiga en las garras del tabaquismo, la ludopatía y la embriaguez consuetudinaria.
El asunto es que, al intensificarse el combate en contra de los narcotraficantes éstos se adaptaron muy darwinianamente a la nueva realidad y comenzaron a explorar nuevos mercados, por así decirlo, incursionando en la industria del secuestro y la extorsión.
Vender cocaína o cocinar fentanilo, a pesar de la suprema rentabilidad de las drogas duras, se fue complicando mucho. Por el contrario, secuestrar a un pequeño empresario o extorsionar a agricultores, comerciantes, transportistas y mineros resultó un asunto mucho más sencillo, sobre todo que la consigna dictada a lo largo de seis años por el supremo caudillo de la nación fue que a los delincuentes se les abrazara y que la primerísima preocupación de las autoridades estadounidenses no es la seguridad de los mexicanos sino la penetración en su territorio de los estupefacientes producidos aquí.
Nos encontramos entonces con que los antiguos narcos ya no siguieron nada más con sus actividades de siempre sino que se volvieron una calamidad nacional en su papel de nuevos martirizadores de miles y miles de ciudadanos. No sólo eso: traficando con combustibles, cobrando el maldito “derecho de piso” y comercializando mercancía robada, entre otras muy lucrativas labores, compraron voluntades en el aparato público y hasta financiaron a candidatos y partidos políticos.
Y ahí están, plenamente incrustados en los cuerpos policiacos, en las alcaldías y en los gobiernos, tanto estatales como municipales. O sea, que los sufridos mexicanos pagan doble tributo: al SAT y a los desalmados criminales…