A la izquierda latinoamericana se le atora el combate a la delincuencia porque no quiere que le endosen el espantajo de la “represión”. Eso, lo de recurrir a la violencia legítima del Estado para neutralizar a los criminales, es cosa de la “derecha” de siempre: los cuerpos policiales al servicio de la oligarquía que avasalla al pueblo bueno lo único que saben es utilizar la fuerza bruta. Pero, al llegar al poder los adalides de las causas populares, las cosas cambian: el tema de la criminalidad es abordado “desde sus raíces” y al propio delincuente se le conceden antecedentes –la pobreza, la injusticia social o la falta de oportunidades— para explicar su incursión en las filas del crimen. Hugo Chávez lo formuló con meridiana claridad: “Si yo fuera pobre, yo robaría”, masculló, en 1999, avisando por dónde irían las políticas públicas de seguridad en Venezuela.
La premisa que asocia la delincuencia a la pobreza es en sí misma bastante dudosa pero se deriva de la paralela glorificación de la lucha armada como un recurso supremo para reparar los agravios de un orden social injusto. La izquierda tiene, desde siempre, una oscura fascinación con la violencia revolucionaria y el fenómeno de la criminalidad sería –en su visión de las cosas y así sea de manera inconsciente— una suerte de respuesta natural de los desheredados a las crueldades de su existencia, su última opción en tanto que todos los otros caminos les estarían cerrados.
Los motines y algaradas merecen también la benevolencia de la izquierda en el poder (siempre y cuando no sea la destinataria del rechazo, desde luego). El mismísimo vandalismo contendría un elemento justiciero en tanto que la factura de los destrozos la pagan los explotadores y abusivos de costumbre –comerciantes, dueños de restaurantes, propietarios de hoteles— y que el daño a los bienes públicos se considera un mal menor, algo preferible, en todo caso, al uso de las fuerzas policiales para contener la furia de las masas.
Paradójicamente, los pobres terminan siendo los primerísimos damnificados, las víctimas directas de la inacción del Estado. Y lo peor: restaurar la ley y el orden es una misión casi imposible cuando el crimen ha sentado ya sus reales en una nación.