Está durando mucho este compás de espera, sobre todo que el gran ejecutor debe todavía consumar su plan maestro y septiembre —mes de la patria, miren ustedes— es el único período natural que le queda para completar la faena.
Estamos hablando de la programada demolición del entramado de la República y justamente por ello es que los comunes mortales que no comulgamos con la causa de la llamada transformación contamos las horas y los días para que acontezca el advenimiento del nuevo reinado esperando, en el menos peor de los casos, que los instintos destructivos no sean los que sigan dictando la agenda nacional.
Pero, qué caray, los comisarios del régimen van a todo vapor y están siguiendo las instrucciones de la casa con un entusiasmo desbordante al punto de que los representantes populares que sesionan en la Cámara Baja (Bajísima, más bien) ya tuvieron a bien expresar su voluntad para que la madre de todas las reformas —la que va a aniquilar el Poder Judicial en tanto que le restará la facultad de oponerse a los designios del Ejecutivo— sea consagrada en el altar del supremo templo nacional-populista (el término lo acuñó, al parecer, Carlos Marín por lo cual me siento obligado a darle un mínimo crédito).
El asunto es que esa tal reforma, si procede luego de que los augustos senadores se apresuren también a darle luz verde, será una manzana envenenada para la heredera designada.
El tema de la justicia es muy peliagudo en este país, como todos lo sabemos. Pero no es cosa de restarle atribuciones a los jueces ni mucho menos de que el aparato de juzgadores caiga en manos de gente tan poco profesional como acomodaticia a los propósitos de la casta gobernante.
El asunto de limpiar la casa judicial tendría que comenzar con los ministerios públicos, la primera instancia que enfrentan los ciudadanos cuando se encuentran envueltos en los infiernos legales, y también se necesitan, perentoriamente, cuerpos policiales competentes, aparte de honestos.
Esto, lo de que los jueces vayan a ser elegidos por el pueblo bueno sin que tengan necesariamente las cualificaciones para desempeñar cabalmente su cargo —por no hablar de la indefensión en la que se encontrarán los ciudadanos— esto es una aberración.
Los platos rotos los pagará la nación entera, con la futura presidenta a la cabeza.