Quien ejerce plenamente su ciudadanía no se contenta con las dádivas que reparten los gestores del asistencialismo sino que exige derechos plenos. La sociedad mexicana, en este sentido, es muy contradictoria: se cohesiona a partir de la unión familiar y se beneficia de la solidaridad vecinal eximiendo al Estado de sus responsabilidades sociales pero al mismo tiempo reclama airada e incansablemente canonjías a sus gobernantes.
El actual régimen no busca transformar verdaderamente esta realidad sino, por el contrario, perpetuar un patrón de meras complacencias. Cuando aconteció la cancelación de las estancias infantiles —ahí tenía lugar la presencia del Estado, señoras y señores, como un agente encargado de otorgar garantías a las madres trabajadoras— y que la respuesta del oficialismo fue que los “abuelitos” podrían cuidar a los pequeños, pudimos todos constatar el conservadurismo de una 4T que no busca promover la autonomía de sus gobernados sino persistir en el mantenimiento de una estructura sustentada en los usos ancestrales.
Esa decisión deliberada de dejar de cumplir con las obligaciones de un Estado moderno pudo tal vez conectarse con una cultura nacional que promueve la dependencia familiar y para la cual la emancipación de uno de los miembros del clan —digamos, una joven trabajadora que puede abrirse paso en el universo laboral gracias, justamente, a que cuenta con servicios de guarderías para sus hijos— resulta inclusive una suerte de amenaza para su cohesión, pero la supresión de los espacios donde los niños eran cuidados es, desde el punto de vista del desarrollo social y económico de una colectividad, un paso atrás.
Tal es, por lo que parece, la vocación de quienes nos gobiernan: dejar de proveer servicios, sabiendo que la familia es la que va a responder —el préstamo del compadre, los cuidados de la suegra o, recurriendo a un lenguaje más coloquial, “donde comen dos comen tres”— y desincentivar de tal manera el individualismo de quienes, en una condición de acrecentada soberanía personal puedan reclamar, justamente, las potestades que le corresponden a un ciudadano cabal y consumado.
Pero, eso sí, a repartir complacencias mientras que lo sustantivo se deja en el abandono y se desmantela lo que ya se tenía.