Muchos artistas, académicos, intelectuales y científicos de este país votaron en su momento por el actual Presidente de la República. No pareció inquietarles demasiado que no hubiera reconocido los resultados de una elección indiscutiblemente democrática y que esa impugnación suya fuera, en los hechos, una declarada embestida en contra de las instituciones del Estado mexicano en tanto que cuestionaba la credibilidad misma del sistema electoral.
Las cosas, después, se torcieron un tanto porque esa comunidad de gente presuntamente pensante no fue una de las beneficiarias, ni mucho menos, de las políticas públicas implementadas por el régimen de doña 4T.
Las minorías no le importan demasiado a la casta gobernante. Es más, terminan siéndole muy molestas, así sean las mujeres que buscan afanosamente a los desaparecidos, los referidos científicos (un grupo de ellos fue acusado, inauditamente, de “delincuencia organizada” por no plegarse a los designios de la comisaria encargada del sector), los colectivos feministas, los niños necesitados de medicamentos para tratar el cáncer y, en fin, todos aquellos gremios que han decidido expresar su descontento con la dejadez gubernamental.
Luego de las votaciones que consagraron al actual régimen, nos encontramos, desafortunadamente, en una situación de muy difícil retorno y eso es precisamente lo que resulta tan perturbador: la demolición del aparato judicial —la destrucción de la República de los jueces, en otras palabras— es una auténtica catástrofe civil.
Refiriéndonos de nuevo a los científicos que afrontaron la asombrosa persecución de la maquinaria oficial —una orden de aprehensión emitida ni más ni menos que por el mismísimo fiscal general de la República—, pudieron ellos defenderse al recurrir, miren ustedes, a los señores jueces, a esos mismos que serán prontamente despojados de sus cargos para dar lugar a unos magistrados a modo, es decir, sujetos que tendrán que ganarse el puesto en unas elecciones populares organizadas, qué caray, por el poder.
Candidatos que no necesariamente contarán con las debidas aptitudes jurídicas ni con la necesaria experiencia pero que a ojos del pueblo bueno serán lo suficientemente atractivos —carismáticos, tal vez, como salidos de un reality show— como para merecer así, a la torera, el ejercicio de una función que, hasta ahora, requería de aprobar duros exámenes y concursos entre pares.
Esos jueces, ¿negarán las órdenes de aprehensión o dictarán sobreseimientos de procesos penales cuando el gobierno persiga e intimide a cualquier mexicano? No. Están avisados, señores científicos. Y todos nosotros también.