Las políticas públicas, las más de las veces, rebosan de contradicciones. Veamos, para mayores señas, cómo se manejan las cosas en nuestra corte gubernamental: a papá Gobierno le hace falta dinero. Mucho, muchísimo, ingentes cantidades de recursos para sus programas sociales, antes que nada, y para el montón de obligaciones y responsabilidades que le brotan por todos lados.
Muy bien, y entonces ¿de qué manera puede agenciarse las montañas de plata que necesita? Pues, muy sencillo (o, no tanto): recaudando impuestos. Perfecto, pero ¿quién paga impuestos? Las tributaciones, señoras y señores, salen de los bolsillos de personas reales que participan en los sectores productivos. O sea, gente que gana dinero contante y sonante porque trabaja en una empresa que comercializa servicios y que vende productos: una corporación, una compañía o un pequeño negocio fundado, en su momento, por individuos emprendedores dispuestos, qué caray, a perder los recursos invertidos si en el proyecto, de las dimensiones que sea, no salen las cuentas.
Aquí es donde el asunto se pone interesante: esa casta gobernante tan necesitada de peculio no simpatiza nada con los empresarios y no crea tampoco las condiciones —certeza jurídica, reglamentaciones amigables y una actitud abierta— para que tengan lugar inversiones. Más bien, todo lo contrario: invocando dogmas y recurriendo al trillado alegato de que va de por medio la “soberanía”, le cierra la puerta a la iniciativa privada.
Entre otras acciones, doña 4T ha cancelado por sus pistolas contratos para que inversores locales y extranjeros participen en la producción de energía eléctrica, ha detenido la construcción de una enorme cervecería y está a punto de instaurar una muy perversa ordenación del aparato de justicia al punto de que todas las personas, asociaciones y compañías de este país se encontrarán en una situación de escalofriante indefensión jurídica frente a la maquinaria del poder.
No sólo eso: los magros tesoros del erario los dilapida criminalmente en la financiación de programas carentes de toda rentabilidad y los destina al insaciable barril sin fondo de Pemex, en lugar de aplicarlos para que tengamos los mejores hospitales, escuelas, carreteras y fuerzas de seguridad.
Trump, miren ustedes, no tiene el monopolio de la irracionalidad.