El derecho mexicano regula los procesos e instituciones electorales con un nivel de detalle inimaginable en otras latitudes. Cada acción tiene uno o varios candados y diversas instancias de impugnación. Este barroco entramado normativo no se creó por azar. Es el resultado de reformas sucesivas que se construyeron con base en la desconfianza, los intentos por moderar excesos e impedir fraudes y la intención de otorgar equidad y “piso parejo” a los procesos electorales. La protección de estos principios, sin embargo, menoscaba algunas libertades, en particular la de expresión.
Sucede que la realidad rebasó el sistema electoral. Tratar de reencauzar el proceso político para ajustarlo al derecho parece difícil. El dique está roto y es improbable que se pueda contener el caudal. Pero las normas y las instituciones que deben aplicarlo subsisten en medio de una enorme tensión.
Lo anterior no es especulación. El 16 de junio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE acordó que si bien el proceso de Morena era admisible como parte de sus actividades ordinarias (es decir, validó los eufemismos), también ordenó que se realizaran bajo ciertas condiciones (por ejemplo, que no se hicieran propuestas de gobierno ni promesas de campaña). Apenas el 28 de junio la misma comisión conoció las actas circunstanciadas de diferentes juntas locales y distritales que documentaron violaciones a esas reglas por parte de todos los candidatos de Morena. La consejera electoral Claudia Zavala propuso emitir nuevas medidas para que Morena frenara esas actividades. Su proyecto fue rechazado. El asunto tendrá que ser resuelto por el Tribunal Electoral. Y será el primero de muchos otros que vendrán.
En el otro frente, la oposición tenía que optar entre jugar con las reglas y asumir el riesgo político que esto implicaba o eludirlas mediante una simulación como hizo Morena. Optaron por esto último. Por eso, en un acto de congruencia, algunos aspirantes se retiraron del proceso. El caso más claro fue el de la senadora Claudia Ruiz Massieu.
Los actores políticos han decidido transitar al margen de la ley. Las autoridades electorales enfrentan un dilema atroz: validar la simulación y admitir que las reglas están fracturadas, y por ello “flexibilizarlas” al límite, o tratar de reencauzar el proceso con las dificultades que implica.
Pero existe un problema mucho más delicado. Si, como parece, la tendencia es aceptar que la realidad política se ha impuesto sobre la ley, lo que quiere decir es que el juego se desarrollará sin reglas o, al menos, que su interpretación ha cambiado, ¿qué reglas utilizará la autoridad electoral cuando decida? ¿Cómo fundamentará sus decisiones si las reglas cambiaron de facto? ¿Cómo construir un proceso electoral democrático sin reglas? ¿Entraremos en la lógica de la ley de la selva? La ruta es peligrosa y, me temo, sin retorno.