Un perito baja a una fosa clandestina en la periferia de Guadalajara. En lo que va del año van 31 fosas y 102 personas recuperadas de ellas. Saca lo que encuentra, lo etiqueta, lo traslada, lo analiza, redacta un dictamen del que va a depender que un juez suelte o encierre a alguien y, luego, comparece en el juicio oral, casi siempre fuera de su horario, sin que nadie le pague esas horas. Por todo eso gana poco más de 18 mil pesos al mes.
Si aguanta veinticuatro años y se jubila, se va con 18 mil 191.
Ese es el trato que Jalisco le ofrece a quien le pone nombre a sus muertos. Hay una explicación, por supuesto. Siempre hay una. A los peritos no les toca el aumento anual porque están clasificados como personal operativo y no administrativo. Como los policías. Sólo que los policías sí reciben aumento, así que quedaron flotando en un limbo donde no aplica ninguna de las dos reglas. En seis años les han subido 350 pesos al mes. Trescientos cincuenta pesos. Así está tasado cuánto le importa al gobierno la identificación de un cadáver.
Son alrededor de seiscientos. Llevan una semana trabajando bajo protesta, primero en Tlaquepaque, luego Ciudad Guzmán, Ocotlán, Puerto Vallarta. Después El Grullo y Lagos de Moreno. Amenazan con huelga.
En el instituto hay cerca de mil 300 cuerpos sin identificar y unos 8 mil segmentos humanos, restos que todavía no alcanzan la categoría de persona. En el Congreso le preguntaron al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) cuánto tardarían en devolverles el nombre y contestó que muchos años. Después aclaró que con peritos suficientes tardarían dos. Es mucho cinismo.
Dos años contra muchos años. La diferencia entre una y otra frase son plazas y sueldos, nada más. Cabe preguntarle al gobernador si alguien hizo esa cuenta. Mucho más cinismo.
Porque dinero hay. Dos mil 111 millones para la agenda de personas desaparecidas, 185 por ciento más que el año pasado, presupuesto histórico según el discurso. Cámaras, videovigilancia, patrullas. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ya había advertido que ese aumento se va a vigilancia policial. A los peritos no les llegó ni un peso.
Trabajan con contratos que se renuevan cada uno, dos o tres meses, seis a lo mucho. De manera que cada cierto tiempo, muy poco, averiguan si todavía tienen empleo. Sin respaldo legal de la institución cuando los llaman a declarar. Y al terminar guardias de veinticuatro horas caminan a un estacionamiento sin luz ni vigilancia donde les han robado el coche.
Lo más grave lo dijo el sindicato: ya no hay aspirantes. Nadie quiere entrar. ¿Quién va a hacer este trabajo dentro de diez años, cuando los seiscientos se cansen o se vayan? ¿Le pediremos a las madres buscadoras que además de rastrear el monte hagan los peritajes?
Ojalá los reciban antes de que decidan parar. El día que paren vamos a descubrir juntos cuántas respuestas en este estado dependían de seiscientos sueldos de 18 mil pesos. Me hierve el buche.