La falta de legitimidad de los gobernantes combinada con una dosis de narcisismo a menudo es cubierta con la imposición de lo que a juicio de estos políticos deben ser las expresiones culturales.
El poder político hace maravillas: se pueden crear mitos y declarar patrimonio cultural aquellos caprichos personales o familiares y que además rendirán frutos clientelares. Dos ejemplos entre muchos son el rodeo en Coahuila y la charreada en San Luis Potosí.
En octubre de 2026, el rodeo fue declarado patrimonio cultural intangible de Coahuila. La declaración fue por mayoría en el Congreso, no hubo consenso. Esto se llama patrimonialización desde arriba. El rodeo es una afición del padre del gobernador y del propio gobernador. La tendencia edípica no termina con la designación de la madre del gobernador como titular del DIF estatal, antes también lo fue del DIF municipal cuando el actual gobernador fue alcalde. ¿Cuál habría sido la recepción por parte del Congreso de una iniciativa de patrimonialización originada en algún barrio de Saltillo o de otro municipio del estado?
Los gobernantes tienen el poder de decidir qué comunicar culturalmente en el espacio público, es el caso de la escultura de un jinete sobre un toro colocada a espaldas del Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Saltillo.
El circo se completa con la construcción de la sede del rodeo en Expo Coahuila, con un costo de más de mil 200 millones de pesos provenientes del Impuesto sobre Nóminas, recursos que deben ser aplicados a prioridades en infraestructura en todo el estado. Las empresas constructoras están relacionadas con la actividad económica de la familia del gobernador.
La charrería es otro caso de aficiones personales disfrazadas de tradición popular para justificar y legitimar el dirigismo cultural. El gobernador de San Luis Potosí hizo construir la Arena Potosí, el recinto tuvo un costo de 658 millones de pesos (con un sobrecosto del 36 por ciento respecto a lo anunciado originalmente).
Para los proyectos decididos del capricho cupular no hay marco legal que los detenga ni que los audite. En el caso de la Arena Potosí, la obra fue iniciada sin los permisos correspondientes y sus operaciones financieras no son sujetas a solicitudes de transparencia: la información fue clasificada como reservada por cinco años.
El poder político sin contrapesos tiene el monopolio y la manipulación de los marcos normativos, ya sea para declarar lo que se antoje como patrimonio o para blindar el pillaje financiero.
El saqueo oficial desvía los recursos y disminuye los apoyos a la formación artística, a los museos y casas de cultura, tanto de las capitales de esos estados como de sus municipios.
La creatividad cultural y artística de la sociedad es trocada por espectáculos masivos con impactos clientelares en el corto plazo.
Coahuila tiene problemas graves de violencia familiar y escolar, de contaminación ambiental en zonas industriales y mineras, deficiencia en la infraestructura para la salud. En el tramo carretero de Los Chorros (entre el municipio de Arteaga y Saltillo) son frecuentes los accidentes, lo que ocasiona paros de más de cinco horas.
San Luis Potosí es el ejemplo del absurdo hídrico: mientras cientos de colonias carecen de agua por la deficiente infraestructura, las compuertas de las presas son abiertas para tirar el agua ante el riego de catástrofes. Las pipas que abastecen agua a los hogares ya son parte del paisaje urbano. Por otro lado, la inseguridad y grupos delincuenciales campean por todo el estado, entre muchos otros problemas graves para la población, pero invisibles para las autoridades. Este par de gobernantes puede escribir el manual de cómo financiar sus aficiones populistas y su narcisismo con el dinero de la gente.
Camilo Contreras D.
El Colef-Monterrey
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