En Nuevo León se busca que la atención a las personas migrantes y refugiadas se convierta en ley. Actualmente, el Congreso estatal analiza una cuarta iniciativa con este propósito, en un contexto donde ya existe una experiencia de trabajo colaborativo. Durante el actual Gobierno (2021-2027), el Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Retornadas y Desplazadas ha articulado esfuerzos de dependencias gubernamentales, organizaciones civiles y organismos internacionales para atender a esta población, aun con recursos limitados. El reto es dar continuidad y sustento legal a un modelo que apuesta por la colaboración para responder a necesidades sociales concretas.
Esta cuarta iniciativa ciudadana fue presentada a finales de 2024 por tres casas de migrantes: Monarca, INDI y Casa Nicolás. La propuesta no parte de cero, porque sobre ella recaen las expectativas acumuladas durante casi seis años, desde que diputados de Movimiento Ciudadano impulsaron en 2019 la primera propuesta de ley en la materia. Aquella iniciativa surgió en un contexto marcado por la llegada de las caravanas migrantes y por un giro en la política migratoria mexicana, que pasó de un discurso humanitario a acciones de contención, en buena medida ante las presiones del gobierno estadunidense. Desde entonces, la necesidad de contar con una ley estatal ha seguido latente.
Un año después llegó la segunda iniciativa, impulsada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Casa Monarca y el PRI. Esta vez, el contexto se caracterizó por la contención migratoria a cargo de la Guardia Nacional y los efectos del programa Quédate en México (MPP), que convirtió gradualmente a las entidades fronterizas en espacios de espera prolongada. En ese momento, Nuevo León comenzó a recibir a un número creciente de personas procedentes de países como Venezuela, Honduras, Colombia, El Salvador y Cuba. Sin embargo, la iniciativa de ley quedó congelada.
En febrero de 2022, el PRI presentó una tercera iniciativa. Para entonces, Monterrey comenzaba a consolidarse como un lugar de destino para personas haitianas y venezolanas que buscaban obtener el reconocimiento como refugiadas, encontrar empleo y, eventualmente, establecerse en la ciudad. Ese mismo periodo estuvo marcado por un récord de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda Secihti a Refugiados (Comar), incluida su delegación Monterrey, solicitudes que no lograron atenderse en tiempo y forma, dejando a muchas personas en la incertidumbre. A pesar de ello, la iniciativa tampoco prosperó.
Estos antecedentes muestran un patrón político que las actuales personas legisladoras tienen la oportunidad de cambiar. Lo primero es superar el argumento de que la migración es competencia exclusiva de la Federación y construir una ley estatal jurídicamente sólida, que atienda las responsabilidades que sí corresponden a Nuevo León. Hoy, el Congreso cuenta incluso con una Comisión de Asuntos Migratorios ya instalada, pero necesita construir acuerdos entre las distintas bancadas y definir quiénes serán responsables de implementar la ley y con qué presupuesto. Además se cuenta con el respaldo técnico de varios actores desde espacios humanitarios, organizaciones de derechos humanos, agencias de Naciones Unidas, academia y el Grupo de Trabajo de Política Migratoria. Hoy Nuevo León representa la quinta entidad con mayor porcentaje de personas inmigrantes residiendo en ella y enfrenta un rezago frente a otras entidades que ya cuentan con un marco normativo en esta materia.
Yetzi Rosales Martínez**Investigadora por México-Secihti
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