La Ley General de Víctimas protege los derechos de aquellas personas que son víctimas de un delito o de alguna violación a sus derechos humanos. Se denominan víctimas directas a quienes hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera que esté en peligro o se le haya cometido alguna lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos.
Las víctimas indirectas son familiares o personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, mientras las víctimas potenciales son las personas, cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Se han modificado diversos artículos, cuya finalidad ha sido concretar muchos aspectos operativos, establecer mecanismos o procedimientos específicos, aclarar conceptos dudosos, que han hecho más explícitos algunos de los derechos de las víctimas, a efecto de elaborar un mejor marco jurídico e incluir una mayor participación de la sociedad civil y, en particular, de las víctimas.
El objeto de esta ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La legislación es primordial ya que tiene un carácter humanista, es armónica junto con tratados internacionales y, además, pone en el centro de atención las necesidades de las víctimas y de sus familiares.
Asimismo, establece obligaciones de todos los entes del Estado y las sanciona a quienes no cumplan; obliga, en su respectiva competencia, a las autoridades de todos los ámbitos de Gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a las instituciones públicas o privadas a velar por la protección de las víctimas. Proporcionan ayuda para que tengan una atención de forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva, con el objeto de que se les brinde protección y se salvaguarde su integridad física y psicológica. Al igual, esta ley establece mecanismos de apoyo para que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en los que fueron violados sus derechos humanos, obtengan mecanismos que lleven a la identificación y enjuiciamiento de los responsables, y que en su momento puedan ser beneficiarias de una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva.
Finalmente, promueve un trato con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos. Esta ley es un instrumento jurídico fundamental para garantizar la justicia restaurativa en nuestro país y para la reparación integral del daño causado a las víctimas.