El acceso a la información significa que todos los ciudadanos tenemos el derecho a buscar, difundir y recibir información.
En el ámbito público el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática.
Sin embargo, muy pocos hacen valer su derecho de acceso a la información pública.
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INEGI estima que de 2019 a 2020 el número de solicitudes de información disminuyó un 70% como resultado de la falta de respuesta por parte de los sujetos obligados.
De las 665 mil 274 solicitudes de información recibidas a nivel nacional, Coahuila concentró apenas el 1.56%.
De acuerdo con el INEGI de las 10 mil 387 solicitudes recibidas por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) fueron respondidas solo el 81% de las mismas.
Lo anterior se traduce en que de cada 10 ciudadanos que hicieron valer su derecho de acceso a la información pública 2 no recibieron respuesta.
Este hecho sin duda impacta negativamente en la confianza que tienen los ciudadanos al hacer uso de su derecho.
Como ciudadanos debemos aspirar a contar con instituciones que transparenten su actuar en un ejercicio pleno de rendición de cuentas. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública debe ser el principal objetivo de los órganos garantes de este derecho.