El 12 de febrero de 2020 se realizó la última reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afrodescendientes del Estado de Nuevo León. Esta ley tiene su antecedente en otra que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2012. Este reconocimiento de la población indígena y afrodescendiente en Nuevo León se ha dado gracias a la voluntad de distintas asociaciones civiles y a los trabajos académicos de diversas instituciones. Estos esfuerzos han visibilizado a la población étnica que ha migrado al estado en busca de mejores niveles de vida y que se asentó aquí, donde ahora también viven sus hijos.
En un estado que reconoce –y presume incluso– sus raíces sefarditas, y niega u oculta –afianzados en el mito del exterminio– el mestizaje con indígenas, esta ley es, en sí misma, ya un logro, sobre todo en materia de inclusión social. Uno de sus aspectos novedosos es la mención de la población afromexicana. Aunque siempre la ha habido, la población afrodescendiente aparece por primera vez en la Encuesta Intercensal de 2015 del Inegi. Sorpresivamente en ella se encontró que un total de 76 mil 241 personas en Nuevo León se autoadscriben (total o parcialmente) como afrodescendientes. El dato, sin duda, tendrá mayor claridad y certeza en los resultados que arroje el censo de este 2020.
En nuestro estado, esta ley garantiza la protección y la promoción de los derechos y la cultura de quienes se dicen indígenas o afrodescendientes, y será aplicada a quienes se autoidentifiquen dentro de estos grupos, ya sea de manera individual o colectiva. Es por ello que resultan sumamente benéficas este tipo de regulaciones, pero no son suficientes: queda pendiente aún el reconocimiento colectivo de la diversidad cultural negada por siglos y la generación de mecanismos procedimentales que garanticen la observancia y la aplicación de esta ley por parte del estado y los distintos gobiernos municipales.
REBECA MORENO ZÚÑIGA
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