La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, mantiene paralizado el proceso penal por la compra sobrevaluada de la planta Agronitrogenados, que cuenta con dos apelaciones aún pendientes de resolver.
Mientras que el empresario Alonso Ancira, accionista de Altos Hornos de México (AHMSA), sigue arrastrando una deuda por la reparación del daño.
En un comunicado difundido este viernes por la Fiscalía, se detalló que la hermana de Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya, libró la prisión preventiva, luego de que una jueza federal rechazara la medida.
Según las investigaciones, Gilda habría participado en la triangulación de recursos derivados de los sobornos por 3.5 millones de dólares que Alonso Ancira habría otorgado a su hermano como pago por la compra de la planta chatarra de fertilizantes, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué pagos se le solicitan a Ancira?
En la información difundida se detalló que la adquisición de la planta de fertilizantes, por la que Pemex pagó 275 millones de dólares, tenía una valuación real de apenas 58.3 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Por lo que se determinó reparar la diferencia mediante el monto de 216.6 millones de dólares.
El empresario habría propuesto un acuerdo reparatorio en 2021, respaldado con el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de hornos e inmuebles. El convenio habría sido autorizado por Pemex y un juez de control; estipulaba tres pagos.
Si bien Ancira cumplió con los dos primeros abonos (50 millones de dólares en noviembre de 2021 y 54.1 millones en noviembre de 2022), el tercero, que vencía el 30 de noviembre de 2023, nunca llegó.
Alargan el proceso
Ante el incumplimiento, la FGR pidió reanudar el proceso penal en diciembre de 2023, pero Ancira argumentó problemas de reestructura financiera y logró una prórroga hasta noviembre de 2024.
La ampliación fue autorizada por el juez y formalizada en marzo de ese año, pero, en junio de 2024, el juzgador decidió reservar la aprobación definitiva del convenio modificatorio debido a un amparo promovido por Emilio Lozoya, lo que impidió cerrar el acuerdo.
Aunque el amparo de Lozoya fue negado en noviembre de 2025 y la resolución fue confirmada el pasado 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el expediente sigue sin avanzar.
La razón son dos recursos de apelación que aún no han sido resueltos y que, según la FGR, frenan cualquier posibilidad de reanudar el procedimiento penal, tanto para el exdirector de Pemex como para el empresario.
AG