En la disputa por la montaña baja de Guerrero, la organización criminal Los Ardillos emprendió una nueva campaña, ahora por el control del agua de riego y el cobro de cuotas para agricultores y pobladores, actividades que se suman a la producción y distribución de insumos básicos como el pollo o la carne, la extorsión a transportistas y comerciantes para la venta de abarrotes, cigarros o cerveza, o la elaboración y trasiego de drogas sintéticas.
El asesinato a balazos de Nicolás Pérez Xoyateco el domingo pasado, quien fuera coordinador del comité de agua rural para la región, comerciante en el mercado municipal e integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), sería apenas el ejemplo de cómo la organización criminal que dirige Celso Ortega Jiménez, se involucró en un histórico conflicto por la administración de un manantial, penetrando así los campos de moras y cebollas de Alcozacán y Mexcaltepec, de acuerdo con testimonios de pobladores y policías comunitarios consultados por MILENIO.
Por las arcillosas calles de Alcozacán, el martes pasado desfilaron en silencio los rebosos anaranjados, amarillos y rosas para despedir a Nicolás; se acompañaron con claveles y copal. Las mujeres y niñas de esta comunidad nahua fueron las encargadas de escoltar el féretro que avanzó en silencio a bordo de una carrosa de redilas hasta la iglesia de San Marcos, donde fueron colocados sus restos sobre huacales de madera. La imagen queda para el anecdotario de esta localidad que ha denunciado estar acorralada por el grupo criminal, y que tan sólo en julio ha velado a dos personas relacionadas con la organización indígena CIPOG-EZ, sin que existan veredictos oficiales al respecto.
Lo único que se recuerda de aquel domingo 24, está en los testimonios que pudieron ver el cuerpo inerte de Nicolás sobre una silla colocada a un costado del puesto de tomates que atendía en el mercado Agroindustrial. Los disparos se dieron cerca de medio día, cuando un sujeto desconocido con playera azul y un pantalón gris lo atacó con una escuadra, de frente, sin que su esposa ni nadie, pudiera hacer algo.
Sus amigos zapatistas, con quienes bebía cervezas los viernes, lo recuerdan como un hombre humilde y sincero. Nadie le conocía de vínculos con la mafia, pero sí en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento a cargo del edil Aldy Esteban Román, desde donde se encargaba de gestionar permisos para riego por acuerdo de la misma comunidad. Y es precisamente esta actividad la que, según estas versiones, sería una línea de investigación para el esclarecimiento del asesinato.
Apenas el 15 de este mes, autoridades federales habían obligado a los integrantes de esta localidad a liberar la llave del manantial ubicado al filo de la Barranca de Atzacoalco, que serviría para surtir a Mexcaltepec, considerada como territorio Ardillo, según dice en entrevista Adán Linares, promotor de la CIPOEG-EZ en Alcozacán.
“Nos obligan a abrir esta llave para que se siga manteniendo la comunidad de Mexcaltepec, sin embargo, no es para beneficio de los hogares, sino para el riego. Nosotros estamos inconformes cada vez más, tenemos el diálogo, tenemos un muerto entre nuestros compañeros. Entonces… ya basta, y decimos: queremos justicia”.
E insiste: “Nosotros como comunidad de Alcozacán también tenemos derechos de defender este manantial, porque es nuestra área, porque somos dueños de este manantial, a causa de esto seguimos perdiendo a nuestros compañeros. Y porque sabemos que la comunidad de Mexcaltepec esta coludida con Los Ardillos de aquel lado, el bando de Celso Ortega”.
Tan sólo en esta región de la Subcuenca de Tetlanapa existen nueve manantiales (Cacalotl, El Platanal, La Cueva, El Alcatraz, Cacaxtepetl, El Ataque, y las Barrancas del Ataque y del Zopilote) que son aprovechadas parcialmente para el riego de cultivos, y para acceder a él se debe pagar cuotas hasta de cinco mil pesos. Sin embargo, dicha administración queda a cargo de las mismas comunidades y comités rurales, que a su vez, quedaron atrapados entre los conflictos entre grupos criminales y policías comunitarios.
“Hemos perdido muchos compañeros. Todo por causa del agua. -¿Por qué lo cancelaron?- porque nos pertenece, somos originarios de Alcozacán, y la comunidad de Mexcaltepec sigue peleando, sin embargo, nosotros sabemos que a ellos no les pertenece”, advierte Adán.
Sobre la carretera, una caravana el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado realizan rondines, pero lo que este grupo afiliado a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) busca es que los tres niveles de gobierno se involucren y detengan a Los Ardillos, o bien, que los dejen actuar, dice Benjamín Sánchez, coordinador de esta policía comunitaria.
“Sí responsabilizo al grupo de Los Ardillos, a los que operan de la Ocotera hacia adentro… Incluso al comerciante que nos surtía los abarrotes lo pararon, ya no le dejan que nos surta, él nos traía la mercancía, lo amenazaron de muerte, ya no lo dejan pasar. La responsabilidad cae en la gente criminal”.
En este tono, Benjamín deslinda al CIPOEG-EZ y a la CRAC-PC de estar relacionadas con cualquier otra organización, como se les ha señalado, en particular con el grupo criminal antagónico, Los Rojos, que tienen control en diversas localidades de Guerrero, Puebla y Morelos.
“Que no me involucren de lo que no soy, si soy policía comunitario, sí lo soy, pero no soy rojo. Sí hay otro grupo que se llama Los Rojos, yo no lo soy; si estamos en pleito con Los Ardillos, es por el territorio, y nosotros lo vamos a defender porque es nuestro, nos pertenece”
Ya en el panteón de Alcozacán, en la tumba de Nicolás, las mujeres se encargan de sahumar, y son los varones los encargados de preparar la mezcla de cemento, acompañarlo en una última ronda de cervezas y cubrir el féretro de su compañero, quien apenas el viernes pasado se despidió sin saber que se convertiría en una víctima más del crimen organizado en Chilapa.
“Todos los compañeros caídos para nosotros siguen vivos, porque son los que nos dan fuerza para seguir luchando”, advierte Benjamín.
DMZ