Con la llegada de la 4T los ingresos a penales por delitos relacionados a la corrupción incrementaron 37.4 por ciento, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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El informe señala que en 2019 se contabilizaron mil 32 ingresos por crímenes como el cohecho, abuso de la autoridad, ejercicio indebido del servicio público, peculado, enriquecimiento ilícito u otros delitos relacionados, mientras que en el año previo solo se presentaron 751 ingresos.
Los esfuerzos contra de la corrupción derivaron en que la cifra de delitos castigados en penales estatales y federales se duplicara con respecto a los 517 ingresos registrados en 2017.
La escalada de ingresos por actos de corrupción se sostiene en que las entradas por cohecho incrementaron 139 por ciento respecto al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto; durante 2019 se presentaron 686 ingresos por dicho crimen.
El enriquecimiento ilícito y el abuso de la autoridad también registraron un aumento respecto a años anteriores.
El censo muestra que los ingresos a centros penitenciarios por enriquecimiento tuvieron un incremento anual de 31.3 por ciento tras pasar de 16 casos en 2018 a 21 en 2019; los servidores públicos procesados por abuso de autoridad aumentaron 17.1 por ciento.
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El resto de los crímenes se mantuvieron estables con respecto a años anteriores o registraron disminuciones como el peculado, que bajó 47.5 por ciento, y el uso indebido del servicio público, que cayó 47.1.
El tráfico de influencias pasó de tener siete ingresos en 2018 a solo una detención en 2019, mientras que el ejercicio abusivo de funciones pasó de cinco delitos procesados en penales a solo dos casos.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en el primer año de la 4T las carpetas de investigación aumentaron 17.3 por ciento respecto al último del sexenio de Peña Nieto, ubicándose en 21 mil 508 reportes.
Aunado a la lucha del gobierno federal contra la corrupción, han aumentado las denuncias, pues en los últimos cuatro años subieron 81.9 por ciento las demandas contra servidores públicos ante instancias judiciales.
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Entre las acciones que ha realizado el gobierno de López Obrador para se encuentra la aprobación en febrero de 2019 de la prisión preventiva para los acusados por este tipo de delitos.
Algunas organizaciones, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, señalaron que la medida puede violar la presunción de inocencia.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a más de 2 mil 200 burócratas y funcionarios públicos por malas prácticas administrativas dentro del gobierno federal, entre las que destacan 101 destituciones, 808 inhabilitaciones y 153 sanciones económicas por un total de 511.3 millones de pesos.