M+-. Juan Francisco Vera Ayala, actual delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, ha sido removido del cargo tras la polémica generada por el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal ubicada en el municipio de San José Iturbide, y cuyo origen y legalidad aún están bajo investigación, revelaron fuentes cercanas al caso consultadas por MILENIO.
La salida de Vera Ayala se hará efectiva a finales de este mes y en su lugar se prevé que sea nombrada la fiscal federal Norma Quevedo Vázquez, quien previamente ha desempeñado cargos dentro de las delegaciones de la Fiscalía en Morelos y Veracruz.
A la par del relevo, las fuentes consultadas por MILENIO señalaron que se han abierto carpetas de investigación en el área de Asuntos Internos de la FGR, mediante las cuales se revisa ya la actuación de la cadena de mando que intervino en el megadecomiso de los 59 millones 36 mil 870.527 litros de hidrocarburo.
La revisión alcanzaría desde la representación de la FGR en Guanajuato hasta el o los agentes del Ministerio Público de la Federación que participaron en las técnicas de investigación y en la ejecución del cateo y el posterior decomiso en el inmueble de la comunidad de La Fragua.
Las carpetas deberán establecer cómo actuaron los servidores públicos involucrados en las diligencias y si existió alguna irregularidad. Hasta ahora no se han establecido públicamente responsabilidades administrativas o penales contra ninguno de los participantes en el caso.
El relevo en la titularidad de la delegación de la FGR en Guanajuato ocurre apenas ocho meses después de que Vera Ayala asumiera la representación de la institución en enero pasado.
La delegación encabezada por Vera Ayala estuvo a cargo de las investigaciones y diligencias que desembocaron en el cateo de la terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, donde fueron localizados los más de 59 millones de litros de gasolina y diésel cuya propiedad, procedencia y trazabilidad permanecen bajo investigación.
El operativo fue dado a conocer el 17 de septiembre por autoridades estatales y posteriormente confirmado por la FGR, que estableció un volumen exacto de 59 millones 36 mil 870.527 litros.
Por la cantidad reportada oficialmente, se trata del mayor aseguramiento individual de hidrocarburo registrado durante el actual sexenio.
El caso llegó esta semana hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El lunes, al ser cuestionada sobre el reporte que recibió del Gabinete de Seguridad respecto del decomiso realizado en Guanajuato, la mandataria atribuyó directamente la intervención a la representación estatal de la FGR.
“Fue un aseguramiento, particularmente de la delegación de la Fiscalía en Guanajuato”, respondió.
Sheinbaum señaló que correspondía a la propia Fiscalía explicar qué motivó la intervención en la terminal y establecer si existía alguna actividad ilegal relacionada con el inmueble o los productos almacenados.
La mandataria dejó en manos de la FGR informar qué actividades se realizaban en las instalaciones y qué elementos llevaron al Ministerio Público Federal a solicitar y ejecutar el cateo.
Una pipa de 33 mil litros abrió la investigación
La investigación que terminó en la terminal de San José Iturbide comenzó más de dos meses antes de que el aseguramiento fuera dado a conocer públicamente.
La noche del 17 de septiembre, la FGR informó que las indagatorias del agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Guanajuato, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), comenzaron el 3 de julio de 2026.
Ese día una persona fue detenida cuando posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera ubicada en San Luis de la Paz.
Según la Fiscalía, la persona no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo.
A partir de esa detención y de las diligencias posteriores, fueron solicitadas y autorizadas diversas técnicas de investigación.
La primera llevó a las autoridades a una gasolinera de San Luis de la Paz.
Posteriormente, se realizó otro cateo en un inmueble utilizado para el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo, que la FGR identificó como propiedad del mismo dueño.
La investigación condujo finalmente a la terminal de almacenamiento ubicada en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.
Para ingresar a las instalaciones, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de cateo de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato.
Fue ahí donde las autoridades localizaron el combustible que posteriormente sería contabilizado en más de 59 millones de litros.
Aproximadamente decomisaron 59 millones 36 mil 870 litros
La FGR estableció posteriormente la cantidad exacta de producto localizado: 59 millones 36 mil 870.527 litros.
Del total, 33 millones 504 mil 067.406 litros correspondían a gasolina regular; siete millones 266 mil 813.617 litros, a gasolina premium, y 18 millones 265 mil 989.504 litros, a diésel.
Durante las diligencias también fueron asegurados 10 contenedores cilíndricos o diques de almacenamiento de gran capacidad, siete unidades de transporte, documentación contable y facturas.
La información estatal difundida inicialmente había referido tres unidades de carga. Posteriormente, la FGR contabilizó siete unidades de transporte.
En las diligencias participaron integrantes del Ministerio Público Federal, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
El inmueble, los vehículos, los depósitos, la documentación y el hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Casi cuatro veces el decomiso récord anterior
Los más de 59 millones de litros convirtieron el caso de San José Iturbide en el mayor aseguramiento individual de hidrocarburo reportado durante la actual administración federal.
Hasta entonces, el antecedente de mayor volumen había ocurrido en julio de 2025 en Coahuila.
Autoridades federales aseguraron en Ramos Arizpe y Saltillo 129 carrotanques ferroviarios que contenían 15 millones 480 mil litros de combustible.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana calificó expresamente aquella operación como “el aseguramiento de hidrocarburo de mayor magnitud en la presente administración”.
El volumen reportado ahora en Guanajuato es 3.8 veces superior.
También supera ampliamente otro de los operativos que habían sido considerados históricos durante este sexenio.
En marzo de 2025, autoridades federales aseguraron 10 millones de litros de diésel relacionados con el buque Challenge Procyon, en Tampico, Tamaulipas.
Los 59 millones de litros contabilizados en San José de Iturbide representan 5.9 veces aquella cantidad.
Pero desde que el caso de Guanajuato fue hecho público existió una diferencia fundamental: las autoridades no establecieron que la totalidad del producto fuera combustible robado o de contrabando.
“El cateo no determina responsabilidades”
Cuando el aseguramiento fue informado públicamente, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, advirtió que la intervención formaba parte de una investigación todavía abierta.
“No se trata únicamente del volumen localizado. Investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames; proteger a las comunidades y al medio ambiente, además de afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas”, informó.
El funcionario señaló que los indicios quedarían a disposición del Ministerio Público Federal, que tendría que determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
También hizo una precisión sobre los alcances jurídicos del operativo:
“El cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan responsabilidades por sí mismos. Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló.
En entrevista posterior con MILENIO, González Martínez fue más allá y explicó que todavía no existían elementos para calificar todo el producto como huachicol.
“Todavía no podemos afirmar ello; primero tenemos que determinar la procedencia del producto, establecer si existe extracción, almacenamiento, transporte o comercialización ilícito”, puntualizó.
Sin vínculo confirmado con una organización criminal
MILENIO también cuestionó en ese momento al secretario de Seguridad y Paz sobre la posibilidad de que una infraestructura de almacenamiento de esas dimensiones estuviera vinculada con alguna organización criminal o red transnacional.
González Martínez respondió que no existían elementos confirmados para sostenerlo.
“En este momento no tenemos elementos confirmados que permitan atribuir el inmueble o el producto a una organización específica. Si la investigación acredita vínculos criminales con alguna de ellas, pues también será la autoridad ministerial y la investigación que llevemos la que establezca esa línea”.
El funcionario señaló que el volumen encontrado obligaba a profundizar las investigaciones.
“Creo que aquí la magnitud del hallazgo obliga a que investiguemos con mayor profundidad. No tenemos que adelantar conclusiones; vamos a seguir la ruta del producto, la documentación, los recursos y las posibles responsabilidades”, sostuvo.
La investigación, explicó, tendría que revisar permisos, facturas, registros y propiedad.
“Tenemos que determinar la procedencia del producto, establecer si existe extracción, almacenamiento, transporte o comercialización ilícitos. También hablaban de si es una empresa legalmente establecida. Aquí la autoridad federal está revisando permisos, facturas, registros, propiedad y, obviamente, la trazabilidad del producto”.
La FGR confirmó posteriormente que durante las diligencias fueron aseguradas precisamente facturas y documentación contable.
SIMSA salió a defender la legalidad de la terminal
Un día después de que el aseguramiento fuera informado públicamente, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA y operadora de la terminal, emitió un comunicado para asegurar que sus actividades se encuentran dentro de la legalidad.
La compañía informó que opera desde hace nueve años la terminal de San José Iturbide bajo el Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020.
Según la empresa, la autorización tiene una vigencia de 30 años.
También afirmó contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), un permiso ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de permisos de uso de suelo, licencia de funcionamiento y vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, sostuvo.
La empresa aseguró además que entregó a las autoridades competentes la información y documentación relacionada con sus operaciones.
SIMSA sostiene que el combustible pertenece a sus clientes
Gas Natural del Noroeste también hizo una precisión sobre uno de los puntos que permanecen bajo investigación: la propiedad de los más de 59 millones de litros.
La empresa señaló que su actividad consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de compañías usuarias de la terminal.
“Gas Natural del Noroeste presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias”, estableció.
Según la compañía, esas empresas también cuentan con permisos de la autoridad energética y acreditan ante Gas Natural del Noroeste la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.
La operadora aseguró haber entregado esa documentación a las autoridades.
“Gas Natural del Noroeste refrenda su confianza en las instituciones del país y espera que la revisión de esa documentación corrobore que la operación de la terminal de almacenamiento y el producto de sus clientes se encuentran completamente en regla”, señaló.
La FGR, sin embargo, mantiene abierta precisamente la investigación sobre propiedad, procedencia y trazabilidad de la totalidad del producto localizado.
MILENIO encontró la terminal abierta, sin sellos y operando
Un recorrido realizado posteriormente por MILENIO en las instalaciones agregó otro elemento al caso.
Un día después de hacerse público el aseguramiento, la terminal operaba con normalidad.
Este medio constató que en los accesos no había sellos visibles de aseguramiento o clausura ni presencia permanente de elementos federales, estatales o municipales.
Sí había movimiento de pipas y unidades de carga.
Operadores llegaban con documentación, se registraban ante los elementos de seguridad privada y posteriormente ingresaban con sus unidades.
También entraban trabajadores con equipo de seguridad industrial.
Incluso permanecía colocado en uno de los accesos un anuncio de contratación de personal de SIMSA.
MILENIO llamó al número publicado y confirmó que continuaban abiertas vacantes específicamente para la terminal de San José Iturbide, entre ellas operadores de vía para carga y descarga de hidrocarburos, ayudantes de mantenimiento e ingenieros.
“La Fiscalía retiró los sellos y las cadenas”
Durante ese recorrido, un guardia de seguridad privada de la terminal, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró a MILENIO que el operativo había ocurrido aproximadamente 15 días antes de que las autoridades lo informaran públicamente.
“La duda del porqué el retraso de la noticia... esto fue hace 15 días cuando nos vinieron a cerrar, cuando hubo lo del relajo. Llegaron de golpe, como siempre se hacen las redadas; estábamos despachando a los compañeros traileros y de repente, ¡pum!, a cerrar. Estuvimos incomunicados una semana, nada más estuvo mantenimiento y eso sí, estuvo la Fiscalía federal”, relató.
Según su versión, después de la intervención la terminal permaneció cerrada alrededor de una semana.
El trabajador aseguró que posteriormente personal federal regresó a las instalaciones.
“Después llegó la Fiscalía federal y retiraron los sellos, las cadenas, y ya se empezó a trabajar normalmente”, sostuvo.
Reveló que ordeñaban ductos a dos kilómetros de distancia
El 8 de junio pasado, MILENIO publicó una entrevista realizada a Juan Francisco Vera Ayala, aún delegado de la FGR en Guanajuato. Fue una de las pocas entrevistas a profundidad que concedió y, en ese momento, habló de diversos temas, entre los que destacó el combate al huachicol.
Esa vez dijo que, en Guanajuato, la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) se centra en el control y la venta del hidrocarburo que se extrae de manera ilegal, lo que ha llevado a los grupos criminales a diversificar sus procesos para obtenerlo y distribuirlo.
Reveló que ambos grupos delincuenciales mantienen alianzas en el estado con otras organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación con Los Chapitos y el Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel del Golfo.
El funcionario federal dijo en ese momento que el uso de pipas de agua para trasladar hidrocarburo no era la única modalidad utilizada por los grupos criminales.
“Tratan de estar metiendo en camiones rabones cisternas de Rotoplas para hacer el trasvase del hidrocarburo que extraen de los ductos. Incluso en cajas secas ya se tiene vigilancia para verificar y controlar que no se esté realizando el trasvase en esos vehículos acondicionados para esos fines delictivos”.
Dijo que en Guanajuato se estaban implementando otras formas de extracción y almacenamiento.
“Hemos tenido bodegas. Hemos tenido túneles. Hemos tenido un poco de todo. No solo estamos combatiendo la extracción directa del ducto, sino también lo que se localiza en las bodegas en el día a día”.
MILENIO preguntó ese día si los grupos criminales buscaban fincas cercanas a los ductos para acondicionarlas.
“Hay de ambas. Hay ocasiones donde buscan la finca que esté cerca del derecho de vía de los ductos para hacer las extracciones, pero también nos hemos encontrado con derivaciones de hasta dos kilómetros de manguera, conectadas al ducto, que llegan hasta una bodega para hacer el trasvase de ese hidrocarburo”.
En ese momento presumió que, de enero a mayo de este año, se habían asegurado un millón 902 mil 658.40 litros de hidrocarburo, contra un millón 762 mil 016.75 litros en el mismo periodo del año pasado.
Cuatro gasolineras aseguradas; transportaban hidrocarburo en “pipas para agua”
En esa entrevista detalló que las detenciones y los aseguramientos relacionados con el combate al huachicol no solo se habían realizado durante la extracción del combustible, sino también en pipas en circulación, bodegas donde se almacena y sitios en los que se realiza el trasvase del hidrocarburo sustraído.
“También se han asegurado gasolineras que comercializan hidrocarburos que no han acreditado su legítima procedencia. Tenemos cuatro aseguradas en este momento y ese asunto también ya lo atrajo la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), por la trascendencia. Están aquí en León”.
MILENIO insistió sobre si se investigaban más gasolineras en otros municipios.
“Se está extendiendo a todo el estado de Guanajuato. Sí, cualquier gasolinera que esté comercializando hidrocarburo que haya sido extraído de los ductos, ya sea importado o ingresado al país por huachicol fiscal, por cualquiera de los medios, si no acreditan su legítima procedencia, vamos a actuar y asegurar las gasolineras”.
Sin dar detalles sobre cuántos miles de litros habían comercializado estas estaciones, enfatizó que el volumen dependía de la capacidad, la zona y la afluencia vehicular, por lo que únicamente anticipó que la investigación continuaba.
“Se está cuantificando con base en los datos contables. ¿Qué tanto se comercializó? ¿Qué tanto pueden acreditar la legítima procedencia del hidrocarburo? ¿Qué tanto se importó o qué tanto venía de Pemex?”.
El funcionario explicó que el aseguramiento derivó de una investigación en la que las autoridades detectaron maniobras de trasvase de combustible entre distintas estaciones de servicio.
“Nosotros los aseguramos porque se estaba haciendo un trasvase. Llegaban y con una pipa entregaban en una gasolinera y con un vehículo que no contaba con las medidas de seguridad ni con las capacidades. Técnicamente, era una pipa de agua y con esas realizaban el trasvase de hidrocarburo a otras tres gasolineras; por eso se aseguraron las cuatro”.
Y detalló las condiciones de las unidades: “Sin logos, sin medidas de seguridad, sin ningún dato que pudiera prevenir que se trataba de un trasvase de hidrocarburos. Sin símbolos, rombos o algo que me prevenga que es un vehículo flamable y de riesgo”.
Dejó claro que este modus operandi representaba un riesgo para la ciudadanía, ya que las unidades no contaban con las medidas de seguridad requeridas para el transporte de hidrocarburos.
—¿Hay detenidos? —se le preguntó.
“Sigue la investigación. En este momento no nos llegó la información de Repsol propiamente, su colorimetría para verificar si todo el hidrocarburo que se tiene en esa gasolinera corresponde a la colorimetría de Repsol, porque ellos nos dijeron que era de Repsol. Si la colorimetría corresponde y los controles volumétricos también, podrán acreditarlo, pero hasta el momento no acreditaron nada”.
Estas cuatro gasolineras permanecen aseguradas desde marzo.
El 29 de enero de 2026, Juan Francisco Vera Ayala asumió el cargo de fiscal federal en Guanajuato, cuatro días después de que un grupo armado arribó a unos campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, y disparó contra los presentes. El saldo fue de 11 muertos y 12 heridos.