La revelación de que el gobierno de Estados Unidos cuenta con comunicaciones intervenidas al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, abrió el debate entre funcionarios de seguridad mexicanos, ex agentes estadunidenses y académicos respecto a si el gobierno de Donald Trump mantiene un programa de espionaje en territorio mexicano.
A la luz de distintas revelaciones respecto a comunicaciones intervenidas a funcionarios de alto nivel como el propio Cienfuegos y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, La pregunta que queda en la mesa es clara: ¿De dónde han venido las grabaciones que Washington asegura tener y cómo obtuvo la DEA estas comunicaciones?
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Hasta ahora, el gobierno estadunidense afirma contar con llamadas intervenidas de al menos tres servidores públicos mexicanos a los que se han interceptado comunicaciones, -particularmente mensajes instantáneos- que creían encriptadas en sus teléfonos inteligentes: Salvador Cienfuegos, Genaro García Luna e Iván Reyes Arzate.
En una revisión hecha a la información dada a conocer por las propias autoridades estadunidenses en los tres casos, en todos se presentan como pruebas conversaciones que, presuntamente, sostuvieron de forma directa los funcionarios, aún estando en funciones, con capos del narco. Ya sea en una llamada o por medio de mensajes, pero no se dan más detalles sobre cuáles teléfonos fueron pinchados para lograr tales evidencias.
Las versiones contrastan. “Por lo que estoy viendo, quiere decir que los estadunidenses están espiando en México”, dijo a MILENIO un alto ex funcionario de seguridad nacional.
“Nosotros nunca espiamos en territorio mexicano. Son llamadas que se hacen en Estados Unidos”, dijo, por su parte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
Pero de que Estados Unidos escucha y lee los mensajes de políticos o funcionarios mexicanos, acusados de tener vínculos criminales, no hay duda: la acusación 19-366 (CBA) presentada contra el general Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así lo demuestra.
Se basa, en gran medida, en la intercepción de “miles de mensajes de BlackBerry”, incluyendo “numerosas comunicaciones directas” entre el general y un líder del Cártel H-2 al que no menciona por nombre, pero, presumiblemente, se trataría del capo Juan Francisco Patrón Sánchez abatido por la Marina en 2017.
Sobre García Luna, los fiscales que llevan su caso han reiterado que cuentan con “voluminosas” pruebas en su contra entre las que habría llamadas y grabaciones de voz, de dispositivos intervenidos, que prueban que forma parte de la estructura del cártel de Sinaloa.
De Reyes Arzate, en su tiempo designado para ser el enlace entre la Policía Federal y la DEA, el fiscal Ryan Harris ha dicho que existen “más de dos mil grabaciones en un dispositivo BlackBerry que suman miles de hojas”, que probarían su contacto directo con capos de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39 de los que, presuntamente, recibía millonarios sobornos.
Algunos exfuncionarios de seguridad consultados por MILENIO, a cambio de guardar su anonimato, se mostraron preocupados de que, desde Estados Unidos, se esté espiando el quehacer de altos mandos de instituciones de seguridad.
También advirtieron que es ilegal que agencias extranjeras realicen escuchas telefónicas en territorio mexicano y señalaron que, en un escenario hipotético, en los tres casos mencionados quien tuvo que haber realizado las intervenciones son las agencias de inteligencia mexicanas.
En cambio, si las grabaciones de llamadas y las intercepciones de mensajes a Cienfuegos, García Luna y Reyes Arzate, fueron realizadas por la DEA o cualquier otra agencia de seguridad estadounidense a dispositivos en México, los funcionarios consultados fueron tajantes: se trataría de una flagrante violación a la soberanía nacional.
Al respecto, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, reiteró que la agencia no realiza intercepciones en México, y mucho menos, a funcionarios públicos. “Lo que pasa es que tenemos operaciones en Estados Unidos donde escuchamos a narcotraficantes referirse a funcionarios mexicanos”, explicó.
En Estados Unidos, las escuchas telefónicas, aún en su territorio, se consideran tan intrusivas que la ley federal requiere la aprobación de un alto funcionario del Departamento de Justicia antes de que los agentes, en este caso de la DEA, puedan pedir permiso a un tribunal federal para realizar una.
Por su parte, el académico del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, recordó que las intervenciones telefónicas son parte del modus operandi de la DEA para investigar casos de alto perfil como el del general Cienfuegos, y que al margen de que su defensa logre comprobar una irregularidad en la forma que se obtuvieron, en realidad, con miras presupuestales van a posicionar el liderazgo de la agencia en su país como el principal combatiente contra narcóticos.
Antecedentes de espionaje de EU a México
No es la primera ocasión en que brota la suspicacia respecto a que las agencias de seguridad estadunidenses pinchan los teléfonos de funcionarios públicos mexicanos de alto rango, señalados de tener tratos con el narco. Tampoco son nuevas las incomodidades políticas que esto ha generado de uno y otro lado de la frontera.
Por ejemplo, ya en la década de los 80 las sospechas tensaron las relaciones entre ambos países, luego de revelarse el supuesto espionaje telefónico a algunos funcionarios mexicanos por parte de la CIA(Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) , como se detalla en un documento desclasificado de la agencia de inteligencia de esa época.
Fue durante el mandato del presidente Ronald Reagan, hace casi 40 años, que Estados Unidos autorizó como una medida de seguridad nacional uAcusación contra Cienfuegos abre vieja herida de espionaje en México
tilizar la vigilancia militar y las capacidades de inteligencia del aparato de justicia en su lucha contra las drogas.
De acuerdo con un informe desclasificado de la CIA en noviembre de 1986, The San Diego Union, reveló la supuesta contribución de la agencia en la cruzada de Reagan contra las drogas al espiar las conversaciones telefónicas de varios funcionarios mexicanos con sospechas de formar parte de los viejos cárteles de la droga.
Las escuchas se habrían llevado a cabo sin dar aviso al gobierno mexicano en turno, a cargo de Miguel de la Madrid, por temor a que se filtraran detalles que pusieran en riesgo la operación, se lee en el informe desclasificado de la CIA.
"No hay pretensión, no hay sutileza (...) sólo dicen, 'trae 20 kilos aquí para mañana', no hay eufemismos como en los Estados Unidos donde la gente diría, 'cuántas naranjas quieres'", sostiene una de las fuentes citadas en el documento sobre las supuestas escuchas realizadas por la CIA.
De acuerdo con el reporte que recoge una multitud de artículos periodísticos al respecto, dichas escuchas se habrían realizado luego de la desconfianza que surgió en el aparato de justicia estadounidense hacia México, tras el asesinato del agente especial Enrique "Kiki" Camarena un año antes, en circunstancias que permanececen poco claras tres décadas después.
La historia oficial sostiene que fueron integrantes del Cártel de Guadalajara, en concreto se señala al capo Rafael Caro Quintero, quienes planearon y llevaron a cabo el secuestro, tortura y asesinato del agente especial (y un piloto mexicano).Pero desde el inicio se ha acusado, como un secreto a voces, la presunta participación de funcionarios mexicanos de alto nivel en el crímen.
Tras la revelación del San Diego Union un vocero de la agencia de espionaje, George Lauder, negó que estuvieran vigilando a funcionarios mexicanos por sus vínculos con narcotraficantes, de acuerdo con prensa de la época.
Paralelamente, una fuente anónima de la comunidad de inteligencia aceptó que la CIA proveía, a la DEA y al Departamento de Justicia, con información relacionada con el combate a las drogas que no podrían obtener por su cuenta, por ejemplo, escuchas telefónicas secretas, se detalla el documento desclasificado.
nerc