La jueza Regina Cannon, de la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia, negó a Carlos Montemayor, suegro del narcotraficante Edgar Valdez Villareal, La Barbie, la cancelación o revisión de su condena de 34 años de prisión impuesta el 16 de mayo de 2019.
“Recomiendo que la moción sea negada, así como el Certificado de Apelación sea igualmente rechazado porque Montemayor no cumple con el estándar requerido”, escribió Cannon en su resolución definitiva.
En diciembre de 2009, en una acusación encabezada por La Barbie, y en la que aparecen cuatro personas más, Montemayor fue señalado de seis cargos, de un dictamen de nueve, por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, obligado, además, a pagar una multa de 192 millones de dólares. “No soy tan rico como La Barbie”, habría dicho en enero del 2021 al apelar dicho pago.
Carlos Montemayor, El Director o El Licenciado, según los documentos, fue detenido en México en el 2010 (año en el que comenzó a correr su condena) y extraditado a Estados Unidos en octubre del 2015. Con 50 años cumplidos, se encuentra preso en la penitenciaria Williamsburgh en Carolina del Sur y su salida está programada para el 12 de diciembre del 2044. Su yerno, por su parte, fue condenado a 49 años que purga actualmente en la cárcel de alta seguridad Coleman II, en Florida, de donde saldrá en el 2059 cuando tenga 87.
Cuentan los fiscales que Carlos Montemayor vivía legalmente en Laredo, Texas, donde era dueño de un exitoso negocio de camiones. En 2002, señalan, "dejó su empleo legal" y se asoció con Valdez Villareal “el infame ejecutor del cartel de Sinaloa que ese año libraba una guerra contra Los Zetas en Nuevo Laredo”, para iniciar con el transporte de droga a través de la frontera.
- Te recomendamos ¿Quiénes son 'Los Mezcales', el cártel que se enfrenta al CJNG en Colima? Policía
Las sustancias las almacenaba en “escondites administrados por su primo, Héctor Flores” y se distribuían luego en al menos cinco estados de la Unión Americana; entre estos Georgia. El gobierno alega que las operaciones crecieron al grado de que en Atlanta logró distribuir alrededor de mil 500 kilogramos de cocaína en solo seis meses.
A partir de su extradición, Montemayor se embarcó en una serie de argucias legales que arrancaron con su intento de contratar al ex fiscal de los Estados Unidos, Richard Rice, nombramiento impugnado por el gobierno que alegó “conflicto de interés” ya que Rice atendió varios asuntos ligados al narcotráfico en la época y el Estado en donde Montemayor fue acusado.
Sus primeros abogados Michael Friedman, Todd Henry y Ramon Alvarado, no presentaron mociones previas al juicio y dijeron a la Corte “no requerir audiencias previas” a dicho juicio, entonces ya programado. Sin embargo, Montemayor se arrepintió de que lo juzgaran frente a un jurado y decidió comenzar una negociación para declararse culpable. A un nuevo cambio de abogado nombrado por la corte, el 14 de noviembre de 2018, se declaró culpable de los seis cargos que le imputaron, recibiendo 6 meses después la condena de 411 meses.
Luego de eso, arrancaron sus empeños por apelar la pena bajo el argumento de que Tribunal se había equivocado al descalificar al abogado Rice, pero también por no permitirle retirar su declaración de culpabilidad sin celebrar una audiencia probatoria y además por ordenarle pagar 192 millones de dólares. Todos sus reclamos fueron atendidos por la juez Cannon en la resolución final dada a conocer hace unas horas. También reclamó Montemayor que su último abogado le había prometido una condena más corta, pero la corte le entregó una transcripción de la audiencia de culpabilidad pata recordarle sus palabras:
Juez: ¿Alguien le ha hecho una promesa sobre cuál será su sentencia real?
Carlos Montemayor: No, su Señoría.
J: ¿Está satisfecho con el servicio que su abogado ha brindado hasta ahora en el caso?
CM: Sí, su Señoría.
J: ¿Ha tenido suficiente tiempo para hablar con su abogado y discutir el caso y su decisión de declararse culpable?
CM: Sí, su Señoría.
Por último, a finales de agosto del 2021, Montemayor ingresó la moción para “dejar vacante, reservar o corregir la condena y sentencia”, documento que el gobierno respondió el 1 de octubre de ese año, concluyendo que el reclamo debía ser negado.
Un año después de que Montemayor pretendió obtener su libertad o, cuando menos, una disminución de su condena, la juez Cannon, coincidiendo con la percepción de los fiscales, puso punto final a todos los alegatos del acusado.
IR