El Consejo de la Judicatura de Ciudad de México reactivó la suspensión contra los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes son investigados para determinar si cometieron irregularidades en el caso Abril Pérez, asesinada el 25 de noviembre de 2019.
Ambos habían sido separados de sus labores tras la investigación por este tema, en el que se les acusa de favorecer, reclasificar los cargos y liberar a Juan Carlos García, ex esposo de la víctima, señalado como probable autor material del feminicidio.
Sin embargo, el órgano judicial aprobó su reincorporación como jueces de trámite ante la falta de servidores públicos por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.
El Consejo de la Judicatura capitalino informó que esta medida "obedeció única y exclusivamente a la necesidad de contar con el mayor número de juzgadores en materia penal con motivo del Plan de Contingencia adoptado por el Poder Judicial de Ciudad de México, pues dicha materia quedó exenta de la suspensión de labores decretada por la pandemia de Covid 19 que se enfrenta a nivel internacional".
Sostuvo que la decisión de retirar nuevamente del servicio a Mosco González y Díaz Antonio es "para efectos de no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra y no entorpecer el libre desarrollo de las investigaciones que se realizan"
Indicó que esta decisión tomada por el Consejo de la Judicatura, presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, tiene como objetivo no afectar la correcta administración de justicia durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
"Si bien el órgano de disciplina del Poder Judicial de Ciudad de México no ha resuelto si existe algún tipo de responsabilidad administrativa de alguno de estos juzgadores en el denominado Caso Abril, sus integrantes dispusieron de nueva cuenta la suspensión, pues al ser figuras públicas, son sujetos al escrutinio de la sociedad por lo que es necesario mantener una buena reputación", puntualizó.
Agregó que el expediente administrativo se encuentra sub-judice (sin resolver) y que la disposición fue tomada sin prejuzgar la determinación final que se tome.
En consecuencia será a partir de la reanudación total de actividades en el Poder Judicial local cuando el Consejo de la Judicatura local continúe la investigación contra los servidores públicos.
Ante ello se decidió incorporar a nuevos jueces a las Unidades de Gestión Judicial 4 y 5 para atender las actividades inherentes a las mismas y de esa forma garantizar la adecuada impartición de justicia durante la crisis sanitaria.
bgpa