Un juez federal concedió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una suspensión provisional que frena la entrega de información al abogado Juan Collado Mocelo, quien busca obtener copia de la determinación que emitió la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Querétaro, la cual decidió no ejercer acción penal en su contra porque no había delito que perseguir.
El litigante pretende ofrecer el documento como dato de prueba en el proceso penal que enfrenta por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Caja Libertad.
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En mayo pasado, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dio un plazo de dos meses a Juan Collado para recabar datos de prueba para su defensa.
En la diligencia, se ordenó a la FGR y a la UIF que entreguen copia de la carpeta de investigación FED/QRO/QRO/0000348/2020. En dicha carpeta, el Ministerio Público Federal resolvió no ejercer acción penal, porque no había delito por la venta de un terreno.
Sin embargo, el área central de la fiscalía inició una nueva carpeta de investigación y obtuvo, de un juez federal, una orden de captura, y posteriormente la vinculación a proceso contra el abogado.
Ahora, un juez de amparo admitió a trámite la demanda de garantías de la UIF, la cual impugnó la resolución del citado juez de control, el cual el 7 de junio de este año resolvió procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por la citada unidad.
La suspensión provisional tiene como efecto que la UIF se abstenga de entregar la información, hasta en tanto el juez de amparo se pronuncie sobre la suspensión definitiva.
El próximo 22 de agosto se llevará a cabo la audiencia donde el juzgador resolverá si frena de manera indefinida la entrega del mencionado dato de prueba o si ordena correr traslado a la defensa.
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El 9 de julio de 2019, elementos de la FGR aprehendieron en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec a Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el ámbito federal, Juan Collado enfrenta dos procesos más, uno por defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, y por el delito de fraude, por supuestas maniobras ilegales para que la FGR pidiera el desbloqueo de 76.5 millones de euros al principado de Andorra.
Mientras que, en el fuero común, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua lo señaló como probable responsable del delito de peculado por 13.7 millones de pesos.
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