El gobernador de estado, Antonio Gali Fayad, dio a conocer que el operativo de la Marina y el Ejército Mexicano para detener a líderes huachicoleros, será materia de un estudio e investigación en la reunión de seguridad que se llevará a cabo este jueves.
Abundó que en el encuentro tratarán los temas más relevantes y urgentes, como es el caso de Palmarito Tochapan, luego de que habitantes tomaron por casi 7 horas la autopista México-Veracruz.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno (SGG) informó que analizará el tema, tras los presuntos señalamientos de que el edil electo de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, habría incitado a la población a cerrar la autopista México-Veracruz.
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Respecto al tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que ante las acusaciones de vecinos de la comunidad de Palmarito Tochapan, en Quecholac, por presuntas agresiones realizadas por personal de la Marina en el operativo del pasado 2 de octubre, se inició de oficio la queja en el expediente 5839/2018. Al respecto, autoridades de gobierno y diputados señalaron que el tema debe ser discutido, además de garantizar la protección de los ciudadanos.
“Hacemos de su conocimiento que este 2 de octubre, personal de esta comisión se constituyó en el lugar de los hechos para realizar las diligencias necesarias, así como la solicitud de informes correspondientes a las autoridades involucradas”, expuso el órgano defensor de derechos humanos.
Precisó que la autoridad involucrada pertenece al ámbito federal, por lo que dicha queja será remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y este órgano investigará y resolverá el caso.
Sobre lo ocurrido, Marcelo García, del PAN y Gabriel Briestro, de Morena, señalaron que las autoridades encargadas de la seguridad deben garantizar los derechos de los ciudadanos, pero también actuar en consecuencia si fueron incitados para repeler el operativo de la Secretaría de Marina en Quecholac. Por ello, coincidieron en que se debe garantizar la seguridad y participación ciudadana de manera pacífica.
Al respecto, el Partido Social de Integración (PSI), el cual representaba Martínez Fuentes, indicó que “ha sido y será respetuoso de las instituciones y de cualquier autoridad. Nuestros representantes electos tienen la obligación de actuar siempre en el marco de la ley, si así no lo hicieren, tendrán que responder por sus acciones”.
AMV