Javier Rosendo Pareja se encuentra en prisión, acusado por la Fiscalía de Morelos de haber matado al activista Samir Flores el 20 de febrero de 2019, sin embargo, documentos y testimonios recabados por MILENIO revelan que al momento del crimen él se encontraba detenido en el estado de Guerrero.
Entrevistado en el penal de Cuautla, Javier pide esclarecer un crimen que -dice- no cometió; y desde el exilio, su hermano Marcelo acusa una venganza política y amenazas para la familia.
Una boleta de arresto, un parte policial y testimonios de involucrados en el caso recabados por MILENIO, dejan ver irregularidades en la investigación y detención en contra de quien es señalado como autor material del asesinato del ecologista opositor a la construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el 20 febrero de 2019.
El arresto
Ferviente opositor al Proyecto Integral Morelos, conformado por dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, Samir Flores, un indígena náhuatl originario de Amilcingo, fue asesinado a las 5:30 de la mañana del 20 de febrero del 2019, según los reportes oficiales.
Ese día, sujetos a bordo de dos automóviles llegaron a su domicilio, ubicado en Amilcingo, preguntaron por él y cuando salió lo mataron. Se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego, dos impactaron en su cabeza. Más de dos años después, la Fiscalía de Morelos dijo que uno de esos sujetos habría sido Javier. El 30 de septiembre de 2021, el Fiscal Uriel Carmona anunció su detención.
Sin embargo, documentos presentados por la defensa, muestran que ese mismo día y a esa misma hora, el presunto culpable estaba a 149 kilómetros del lugar, a más de 3 horas, en el municipio de Olinalá, Guerrero.
Según una boleta de arresto y un parte policial, una noche antes fue detenido en estado de ebriedad, y dejado en libertad hasta las 8:30 horas del día siguiente. Tres horas después del homicidio de Samir. En la boleta consta que costó 500 pesos liberarlo.
“Se perdieron pruebas”
Javier Rosendo Pareja pasa sus días en una cárcel de mediana seguridad; una instalación vieja, conviviendo con presos acusados de secuestro y homicidio. Aparenta ser un hombre tranquilo, que tiene buena conducta, que sueña con recibir la noticia de su liberación porque -asegura- que no mató a Samir.
El juicio duerme el sueño de los justos. A más de tres años de su detención, se encuentra en la etapa de investigación, y por si fuera poco, la fiscalía de Morelos perdió las pruebas, según acusa Javier.
"Se perdieron las pruebas que decían que yo estaba encerrado en Olinalá, las de la bitácora, la Fiscalía las hizo perdidizas, las eliminaron”, acusa en entrevista Javier Rosendo Pareja, desde la cárcel distrital de Cuautla.
“Hasta que mi abogado fue a chilpancingo al libro a buscar, otra vez, el informe y otra vez aparecieron las pruebas. Pero la fiscalía puso amparos en el proceso para que se fuera tardando", añade.
No es la primera vez que ha estado recluido y no es la primera vez que es víctima del sistema de justicia de Morelos. En septiembre de 2019, siete meses después del asesinato del activista, Javier estaba preso en una cárcel de Cuautla enfrentando un proceso penal distinto. Junto con su hermano Marcelo Rosendo Pareja, fueron acusados de secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Pero quedaron en libertad por falta de elementos, caso en el que también denuncia el uso faccioso de la justicia.
En su momento, la Fiscalía de Morelos señaló a los hermanos Rosendo Pareja de estar vinculados con una organización delictiva en Huecahuaxco, en el municipio de Ocuituco, y fueron señalados de supuestamente operar para Santiago Mazari Hernández, alias ‘El Carrete’, líder de ‘Los Rojos’, detenido en julio de ese año en Guerrero.
-Estaba yo trabajando en el campo y fueron hasta allá los ministeriales de Morelos al Estado de México, hasta allá fueron a traerme pero por un arma.
-¿Alguna vez te mostraron el arma, tú la conociste?
-Sí la presentaron, pero no la reconozco como mía por eso salimos absueltos de ese caso, dice Javier.
El 16 de julio de 2020 lo detienen otra vez en Texcala, colindando con San Juan “con una bolsita de droga y un arma”, y lo ponen a disposición del ministerio público de Cuautla Morelos, y ya al checar la puesta, sigue su proceso por narcomenudeo, y casi pasa el año. Pero él no sale libre, antes de salir le ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio.
Tras su arresto, los hijos de Javier dejaron de estudiar para poder trabajar y llevar dinero a casa porque él era el sustento, y desde su encierro, el reclamo es justicia, no solo para él, sino para todas las víctimas del caso.
"Pido que se hiciera justicia, lo único que pido es que se investigue bien porque ellos tienen las pruebas; pido que se haga justicia", es la exigencia.
Los Testigos
En septiembre de ese año Uriel Carmona celebraba que elementos de la agencia de investigación habían detenido al autor del homicidio Samir Flores, luego de localizarlo en el municipio de Cuautla, a sabiendas de que no había elementos suficientes para probarlo.
La imputación se basó en una serie de declaraciones hechas por supuestos dichos de vecinos y la versión de un policía municipal de Temoac, quien falleció días después de confesar. Pero ni la familia de Samir, ni la organización a la que pertenecía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, les consta que Javier haya estado implicado en el homicidio.
El testigo Marcos Fuentes Patrón, ‘El Marcos’, ‘El Cuacharpas’ o ‘El Ratón’, trabajador de la construcción que siempre había colaborado con la familia señala a Javier de haber planeado la muerte con Azael Martínez Castillo, alias ‘El Hazán’, y Salvador Aparicio Castillo alias el Chava.
Y el segundo testigo, se trata de un policía municipal de nombre Enrique Flores Parra; “Y resulta que ese el testigo que está señalando que vino a declarar 8 - 10 días antes de que él muriera en ese accidente”, cuestiona Marcelo Rosendo.
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Un chivo expiatorio
Marcelo Rosendo Pareja, quien fuera dirigente del Partido del Trabajo en Yecapixtla, aspirante la Diputación local del 4to distrito en 2021, rechaza haber conocido a Samir Flores, de manera tajante dice no, y su hermano, mucho menos, pues “él no estaba metido en la política”.
La confrontación política -relata Marcelo- ya cobró la vida de dos de sus cuñados. Al salir del penal en 2019, un grupo de sicarios los atacó, y después de una persecución, Álvaro y su hermano Héctor, fueron secuestrados. Y el 22 de septiembre, amanecieron con un tiro en la frente en Toluca.
Desgastado, desde su autoexilio en un domicilio ubicado al oriente de Morelos, reconoce que vive con miedo, e insiste en que su hermano es un “chivo expiatorio” en un caso que todavía se encuentra en la etapa de investigación, y que deja en evidencia el uso facciosos de la fiscalía.
“Nosotros queremos que se llegue a la verdad pero que no se castigue o se busque un chivo expiatorio como se está haciendo con mi hermano.
“Queremos que se haga justicia, que se llegue a la verdad, de quién mató, es un activista y estaba haciendo el bien por la sociedad que se investigue y que se haga una investigación seria, que se dé con los culpables”, advierte.
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