Centros de rehabilitación: dos décadas de objetivos del crimen organizado

El saldo de la más reciente masacre en México se pausó en nueve asesinatos por puro azar. Los homicidas tenían a su merced a decenas de jóvenes en la planta baja de un centro de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, pero, a punto de fusilarlos, se les encasquillaron las armas. 

Los tiradores huyeron durante la madrugada del 7 de abril dejando atrás cinco heridos que sobrevivieron de milagro.

Esta ya es una escena del crimen familiar para el país y una duda persiste entre los familiares y deudos de las víctimas: ¿por qué, de nuevo, un anexo de centros donde se rehabilita de consumo de droga se transforma en el epicentro de un multihomicidio?

Clínicas de rehabilitación son un riesgo

Es una racha de casi dos décadas: adentrarse en este tipo de “clínicas” es una práctica de alto riesgo; sin embargo, para miles de personas, con una dependencia a las drogas, es la única alternativa para intentar recuperar la salud.

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) sólo tienen siete instalaciones para internación en todo el país y los privados más modernos pueden cobrar hasta 300 mil pesos por un tratamiento de 45 días de hospitalización. El anexo se vuelve un mal necesario.

El primer multihomicidio en un centro de rehabilitación en la época de la guerra contra el narco ocurrió el 1 de agosto de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Aquel viernes, cuatro hombres entraron al Centro de Integración de Alcohólicos y Drogadictos (CIAD) 6 y asesinaron a un interno en el patio y luego al director en su oficina. Doce días después, ahora en el CIAD 8, nueve jóvenes con adicciones fueron ejecutados.

En ese mismo lapso, el CIAD 4 y el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CREDA) 12 recibieron amenazas anónimas: cierran o serán los siguientes.

Al igual que ahora en Culiacán –donde dos grupos criminales, Los Chapitos y La Mayiza, estarían detrás del crimen en la “clínica” Shaddai– los primeros ataques a anexos en Ciudad Juárez estaban inmersos en un contexto de rivalidad delictiva: el Cártel de Sinaloa  buscaba exterminar al Cártel de Juárez minando su base social.

El año siguiente, en septiembre de 2009, otra masacre en un anexo llamado El Aliviane conmocionó a Ciudad Juárez y al país. Esta vez el saldo hizo que la noticia llegara a los medios internacionales, pues fueron 18 los asesinados en una matanza que duró 15 minutos, pese a que a dos cuadras había una estación de la policía municipal.

Hipótesis para entender las masacres

Con el duelo vino una primera hipótesis de un director de CIJ: “los cárteles pierden cuatro millones de pesos diarios debido a los centros de tratamiento, por eso ejecutan pacientes”, recupera el etnólogo Carlos Zamudio, experto en el tema de drogas, en su ensayo “Muerte en los anexos”. La muerte como un agente económico.

Una segunda hipótesis llegó desde la Procuraduría estatal, que sería replicada en los próximos años por cada autoridad que viera este tipo de masacre en su estado: los anexos se vuelven objetivos del crimen organizado porque en esas instalaciones se internan personas que tienen vínculos con el crimen organizado.

Se impone la lógica narrativa del “ajuste de cuentas”.

Dos meses después de la atrocidad en El Aliviane, la muerte salió de Ciudad Juárez y se instaló en la capital del estado, Chihuahua, donde en un centro de Alcohólicos Anónimos fue asesinado un hombre.

Un año más tarde, el modus operandi se expandió fuera del estado y en octubre de 2010 el anexo El Camino, en Tijuana, Baja California, fue el escenario de 13 homicidios.

En 2011, el horror y el dolor se mudaron a Torreón, Coahuila, donde 11 fueron asesinados en el centro La Victoria, en medio de las disputas entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

“El estigma y la criminalización de las personas con uso problemático de drogas favorece el marco de impunidad bajo el cual estos hechos se repiten desde 2008 hasta hoy”, escribió hace cinco años Angélica Ospina Escobar, experta en política de drogas. “En todos los casos los ejecutados son hombres, pobres, menores de 30 años”.

La investigadora tiene una tercera hipótesis: detrás de estas masacres está la búsqueda de control territorial de las organizaciones criminales y uno de los primeros pasos es controlar a los vendedores de drogas y los lugares de compra y venta. 

Para saber quiénes son los dealers locales y en dónde operan, los criminales se infiltran en los centros de rehabilitación y, si no obtienen los datos deseados, pueden incendiar el lugar, matar al director o desatar una masacre.

Esa teoría podría explicar la peor masacre en un centro de rehabilitación durante el sexenio anterior: la del anexo Recuperando mi Vida en Irapuato, Guanajuato.

En julio de 2020, un comando de cuatro hombres irrumpió en una casona en la zona obrera de esa ciudad que servía como supuesta “clínica” y ordenó a los internos tirarse al piso. Así estaban, boca abajo, y los sicarios asesinaron a 26 personas, pero abandonaron a cinco heridos que creían muertos.

Era el cuarto crimen en centros de rehabilitación en Irapuato en los últimos siete meses y se enmarcaron en una disputa feroz entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las escisiones del Cártel Santa Rosa de Lima.

Estas organizaciones pelean el tráfico de metanfetaminas, robo de combustible y las ganancias de la extorsión a negocios de todos los tamaños. Cada agrupación disputa con violencia extrema cada metro de control territorial.

“Hemos encontrado que estos anexos, en algunos casos, se han convertido en semilleros de delincuencia organizada, pertenecen también a la delincuencia (...) Los criminales van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca”, dijo el entonces secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, lo cual abre una cuarta hipótesis, variante de la segunda.

Una quinta teoría omite las actividades específicas de atención a personas con adicciones y ubica a los anexos como un negocio privado más que debe pagar “derecho de piso” a los grupos criminales locales, aunque no haya una lucha por el territorio. Si no lo hacen, se les tirotea y mata a quienes pagan por sus servicios, como sucede desde hace años con bares, restaurantes u hoteles.

Eso habría ocurrido en julio de 2022, cuando un grupo de hombres encapuchados disparó contra el anexo Cerco de Vida en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, un municipio donde ningún grupo criminal disputa “la plaza” al CJNG. 

Seis personas fueron asesinadas en lo que luego se descubriría como un negocio irregular disfrazado de domicilio particular, acaso para no pagar impuestos legales e ilegales.

Y una sexta hipótesis llegaría hasta mí en los días siguientes al descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, considerado por las autoridades locales y federales como un campo de adiestramiento: en los anexos se mata porque son lugares ideales del crimen organizado para el reclutamiento forzado.

“Si no te vas con ellos, te matan”

Casper es sobreviviente de una “diestra”, es decir, un campo de adiestramiento para el crimen organizado.

Su escuela del terror se ubicó a unos 140 kilómetros del infame rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco: en algún lugar en la periferia del municipio de Unión de Tula, donde dicen que el mayor propietario de terrenos es Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

A sus 21 años fue obligado a formarse como sicario bajo las instrucciones de un grupo llamado Comando Élite del CJNG, del que huyó, junto con otros reclutados, durante una redada en octubre de 2023.

Durante sus cuatro meses en cautiverio supe que —a diferencia de él, que había llegado a la “diestra” por una oferta engañosa de trabajo,— otros fueron reclutados a la fuerza a través de un anexo en Manzanillo, Colima.

“Eran seis chavos que venían de un anexo al que le decían ‘Vuelve al camino’. Era un grupo cristiano, lo sé porque todas las noches se ponían a rezar y pedían mucho a Dios que los sacara de ahí, que perdonaran los pecados que ahí nos obligaban a hacer”, recuerda Casper en una conversación que tuvimos a finales de marzo.

Todos contaban la misma historia: estaban enganchados a “las metas” –las metanfetaminas que pululan en este puerto colimense, a donde cada año llegan toneladas de precursores químicos desde Asia para que los cárteles hagan drogas sintéticas– y trataban de salir de ese laberinto cuando entró un comando de madrugada preguntando por un hombre con un alias que nadie había escuchado.

Como aquella persona no apareció, el comando se llevó a todos los que no lograron escapar por las ventanas. Y les dijeron: más les vale que vuelvan a empastillarse, porque en la “diestra” harán cosas horribles como los nuevos reclutas del crimen organizado.

“Ellos ya sabían qué tipo de cosas, porque tres de ellos habían estado en otros anexos. Y en todos les habían dicho que, de pronto, llegaba ‘la empresa’ y se llevaba a los chavos. Por eso iban de un anexo a otro, buscando alguno seguro… hasta que los agarraron”, continúa Casper.

“No es nuevo, lo tienen bien planeado: de los anexos jalan gente a sus ‘diestras’ y si no quieren (colaborar como miembros del cártel), pues matan a todos”.

RM