El sol aún no se asomaba la mañana del 5 de enero del 2023 cuando en Culiacán y zonas aledañas el sonido de helicópteros sobrevolando presagiaban un nuevo operativo encabezado por fuerzas federales. ¿El objetivo? Aprehender a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del peligroso Cártel de Sinaloa.
El Ratón -como también es conocido- se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo por liderar junto a otros tres de sus hermanos la facción de Los Chapitos, sino también por el turbio episodio conocido como El Culiacanazo ocurrido en octubre de 2019.
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En aquella ocasión la violenta ofensiva perpetrada por el brazo armado de Los Ninis en la capital sinaloense, obligó al mandatario tabasqueño a ordenar la liberación del hijo de El Chapo, una decisión que le valió un sinfín de críticas pero que pudo redimir con la detención definitiva de Ovidio Guzmán López años después.
Aquel severo golpe a la organización delictiva envió un mensaje claro: México y Estados Unidos estaban colaborando para frenar sus actividades delictivas, en especial el tráfico de fentanilo.
Y es que, de acuerdo con el Departamento de Justicia y la Administración para el control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), son los hijos de Joaquín Guzmán Loera quienes actualmente encabezan la red más prolífica y peligrosa de fabricación, trasiego y distribución del potente opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública en el país de las barras y las estrellas.
El combate al fentanilo
El 20 de enero de 2021, Joe Biden se convirtió en el 46° presidente de Estados Unidos en una ceremonia que puso fin a un turbulento periodo de tensiones políticas protagonizado por su antecesor y contrincante Donald Trump.
Con un llamado a la unidad, el líder demócrata llegó a la Casa Blanca abanderado con una estrategia que tenía como objetivo combatir la crisis económica, social y sanitaria que enfrentaba el país vecino.
Si bien su gabinete y múltiples departamentos emprendieron distintas tácticas para atender los problemas que aquejan a la ciudadanía, Joe Biden tuvo que hacer uso de la diplomacia para buscar soluciones en conjunto a dos grandes fenómenos que enfrentan tanto el país que gobierna como México: la migración y el tráfico de drogas.
Mientras que Andrés Manuel López Obrador ha sido severamente criticado por su estrategia de seguridad de “Abrazos no balazos”, el también ex vicepresidente estadunidense le ha hecho frente a una situación similar en su país por sus políticas migratorias.
No obstante, durante los últimos dos años autoridades de ambos países han puesto en marcha distintas estrategias que tienen como objetivo frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos atacando a quienes identificaron como los principales proveedores: Los Chapitos.
Desde su trinchera, la actual administración de Estados Unidos ha impulsado políticas para que consumidores de drogas tengan un mayor acceso al tratamiento de su adicción, en tanto que el secretario de Estado, Anthony Blinken y el fiscal Merrick Garland coordinaron operaciones desde el Departamento de Justicia y las distintas agencias de seguridad estadunidenses, tal y como sucedió en abril de 2023 cuando fueron presentadas acusaciones formales en contra de cuatro de los hijos de El Chapo Guzmán y más de una veintena de sus colaboradores y socios.
Los señalamientos de autoridades estadunidenses en contra de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar así como de Ovidio y Joaquín Guzmán López, derivaron de una meticulosa investigación que realizó la DEA en México al infiltrar a dos de sus agentes en el círculo más cercano de la organización delictiva.
Aunque para el presidente de México dicha acción fue intrusiva, su administración continuó cooperando con autoridades estadunidenses para combatir Los Chapitos.
Adicionalmente, tanto México como Estados Unidos buscaron establecer colaboración con China y sus líderes para frenar el envío de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
A grandes rasgos, la operación que encabezan Los Chapitos consiste en el envío de “materia prima” desde Asia a puertos marítimos mexicanos. Una vez que arribaron, los precursores químicos son procesados y preparados en laboratorios clandestinos ubicados en zonas de control del Cártel de Sinaloa, según da cuenta la acusación presentada en su contra en el Distrito Sur de Nueva York.
Ya sea en polvo o tabletas, una vez listo el producto, colaboradores de la organización delictiva se dan a la tarea de traficarlo a Estados Unidos en donde el producto es vendido por sus propios socios.
A lo largo de la operación, los hijos de Joaquín Guzmán Loera cuentan no solo con socios que les envían los precursores químicos desde China y les enseñan a “cocinarlo”, sino que también tienen a su servicio hombres armados cuyas tareas se centran en proteger los narcolaboratorios, cargamentos y eliminar a todo aquel que se interponga en sus operaciones.
Con dichos precedentes, la detención de Ovidio Guzmán López fue aplaudida por autoridades federales de Estados Unidos, quienes no tardaron en presentar las solicitudes correspondientes para que El Ratón fuera extraditado a su país, tal y como sucedió con su padre.
Pese a los esfuerzos que los defensores legales del hijo de El Chapo realizaron para que su cliente permaneciera recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 en el Estado de México, nueve meses más tarde y en medio de un sigiloso operativo, El Ratón fue extraditado a Estados Unidos a bordo de un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el país vecino, Ovidio Guzmán López permanece recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago mientras que sus hermanos y socios han apostado por realizar algunos ajustes en su organización para mantenerse fuera del radar de las autoridades.
Además de enviar una carta al noticiero de Azucena Uresti para deslindarse de las acusaciones de la DEA, a lo largo de 2023 en distintos estados del norte de México comenzaron a aparecer mensajes supuestamente firmados por Los Chapitos en los que advertían que tomarían represalias en contra de cualquier persona que produjera, comercializara o distribuyera fentanilo.
Del mismo modo, crónicas de prensa local apuntaron a que los hijos de Joaquín Guzmán Loera apostaron por mantener un perfil bajo para evitar que las presiones de autoridades estadunidenses aumentaran, una instrucción que no fue acatada por uno de sus principales lugartenientes: Néstor Isidro Pérez Salas.
Aunque fue identificado como el responsable de coordinar los hechos violentos que azotaron Culiacán en el marco del intento y detención de Ovidio Guzmán López, El Nini fue aprehendido en la capital sinaloense sin que ninguno de los hombres que tenía a su mando accionara.
Actualmente el también líder de Los Ninis se encuentra recluido en el mismo penal en el que meses antes estuvo Ovidio Guzmán López y, al igual que su jefe, su extradición es requerida por la justicia estadunidense.
Los Chapitos: clave para las elecciones en EU de 2024
Los fuertes golpes que autoridades dieron a la organización delictiva de Los Chapitos en 2023 figuraron como un factor de aprobación para la administración de Joe Biden.
No obstante, los resultados de dichas operaciones continúan estando lejos de parecerse al escenario utópico que simpatizantes del partido republicano aseguran lograr en dado caso de regresar a la presidencia.
Más allá de la preocupación por la ciudadanía, el combate al tráfico de fentanilo se ha convertido una arma política que defienden desde sus propios ideales demócratas y republicanos.
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Por ello, de frente a los comicios electorales de 2024, algunas de las propuestas de aspirantes a la candidatura presidencial han comenzado a acaparar la atención de las y los votantes.
Dentro del cúmulo de críticas realizadas a la administración de Joe Biden, las propuestas realizadas por aspirantes republicanos se centran en el combate a organizaciones delictivas que operan en México, más allá de la red de tráfico de fentanilo.
Un ejemplo es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha defendido a capa y espada su idea de enviar fuerzas especiales estadunidenses a México desde "el primer día de su gobierno".
Donald Trump, por su parte, dijo que en caso de regresar a la Casa Blanca se encargaría de infligir el máximo daño sobre los cárteles que utilizan fuerzas especiales.
"El hecho de que todos los caminos de los republicanos conduzcan ahora a la frontera y a atacar a México como piñatas es una señal de los problemas que se avecinan [...] Particularmente cuando México se ha convertido en el socio comercial número uno de Estados Unidos, el mayor comprador de exportaciones estadounidenses en el mundo y un actor clave en la exitosa recalibración de las relaciones de Washington con China" , mencionó Arturo Sarukhán, ex embajador de México en Washington DC de acuerdo con un artículo publicado por la BBC.
Las propuestas de aspirantes a la presidencia republicanos han sido severamente criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que, en caso de incurrir en ellas, Estados Unidos estaría violando la soberanía de México.
En tanto, legisladores demócratas que también aspiran llegar a la Casa Blanca como Dean Phillips o Marianne Williamson, han focalizado su estrategia no a combatir directamente el tráfico de drogas o a organizaciones delictivas, sino que buscan fortalecer el acceso a los servicios de salud mental.
Es decir, continuar impulsando tratamientos y la prevención del abuso de sustancias, así como soluciones específicas para los lugares de Estados Unidos en donde la tasa de adicción y sobredosis es más alta.
En entrevista con la cadena BBC, la experta en salud pública de la Universidad de Syracuse, Alexandra Punch, sostuvo que limitar el suministro de droga -es decir el tráfico- no resolverá por sí solo la crisis, sino que Estados Unidos debe abordar también la reducción del daño de la droga a través de políticas que han funcionado en otros países, como por ejemplo, los centros de prevención o de consumo seguro impulsadas en Canadá.
Los comicios electorales próximos a celebrarse tanto en México como en Estados Unidos no solo definirán a los próximos presidentes o presidentas de ambas naciones sino que también marcarán un nuevo episodio del combate al tráfico de fentanilo y la crisis de salud pública que continúa cobrando víctimas en ambos lados de la frontera.
ATJ