Javier Herrera Valles, ex comisario general de la Policía Federal, quien fue llevado a prisión tras denunciar al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, perdió un amparo con el cual pretendía que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerciera acción penal contra la ex procuradora Marisela Morales Ibáñez.
La ex titular de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Felipe Calderón fue denunciada por supuestamente utilizar testigos protegidos para que declararan en contra del ex jefe de Seguridad Regional de la PF, situación que lo mantuvo en la cárcel cuatro años.
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Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, determinó negar la protección de la justicia al ex mando de la Policía Federal, tras considerar que la autoridad ministerial estuvo en lo correcto al señalar que los hechos denunciados (delitos contra la administración de justicia, falsedad de declaraciones judiciales y abuso de autoridad) prescribieron en 2014.
La autoridad ministerial argumentó que Herrera Valles presentó su denuncia el 26 de marzo de 2014, es decir, cuando abandonó la prisión. Sin embargo, el ex comisario mencionó que sí realizó una serie de acciones legales desde 2009, pero se le dificultó porque estaba encarcelado.
La denuncia propició el inició de la averiguación previa AP/113/AP/DGDCSPI/2014, donde Javier Herrera acusó también al ex subprocurador Irving Barrios Mujica, hoy fiscal general del Estado de Tamaulipas; responsabilizó a Nora Caballero Trejo, quien integró la averiguación previa contra el testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo, uno de los tres delincuentes que acusaron falsamente a Herrera Valles de tener nexos con el cártel del Golfo.
Los otros dos delincuentes que se acogieron al programa de testigos colaboradores son el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, uno de los más sanguinarios y principales líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
"Referente a que se presentaron diversas denuncias en tiempo, también es infundado, pues aun cuando refiere que hizo del conocimiento de autoridades de la otrora PGR diversos hechos relacionados con los investigados ahora en la indagatoria, lo cierto es, lo que motivó el inicio e integración de dicha averiguación fue la presentada el 26 de marzo de 2014 y no alguna otra”, indicó la juez.
"En tanto lo ahí alegado en relación a las irregularidades y al trámite que se les dio a las denuncias presentadas en los años 2009 a 2012 y al estado de vulnerabilidad en que se encontraba el quejoso por estar privado de su libertad, no desvirtúan el hecho de que el escrito de denuncia lo presentó cuando ya había transcurrido la mitad de plazo necesario para la prescripción de la acción penal, por lo cual éste no se interrumpió”, puntualizó Robledo Magaña.
Pese al fallo, Herrera Valles aún puede interponer un recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado el que determine si confirma, modifica o revoca la sentencia.