Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien busca tumbar la vinculación a proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro.
Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, admitió a trámite la demanda y le concedió la medida cautelar, misma que no implica su libertad.
¿Qué implica la medida?
La suspensión provisional es para el efecto de que el juez de control que tiene en sus manos la causa penal 39/2026, continúe el proceso hasta la etapa intermedia, pero deberá suspender la apertura a juicio oral.
Lo anterior, mientras se resuelve si se concede la suspensión definitiva en la audiencia que está prevista realizarse el próximo 17 de marzo.
El juzgador puntualizó que la concesión de la medida cautelar no causa un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y, por el contrario, de no otorgarse se podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación.
¿De qué se acusa al ex funcionario?
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex alcalde está involucrado en delitos de secuestro, tortura, además de amedrentar a comerciantes y empresarios del ramo tequilero, con la colaboración de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, El Rey Mago, fueron identificados como personajes clave en la supuesta red criminal que encabezaba el ex alcalde de Tequila.
Julio César Limón, jefe de gabinete municipal, mantenía el control político interno de la estructura, además de presuntamente encubrir las actividades delictivas de otros funcionarios involucrados.
Testimonios de víctimas y testigos de identidad reservada refieren que su función consistía en asegurar la coordinación entre áreas del gobierno municipal y proteger la operación del grupo frente a posibles acciones legales.
ROA