Un Oficial Ministerial que labora en la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada fue despedido tras firmar un escrito dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se implementen mejores medidas para enfrentar el coronavirus Covid-19.
MILENIO tuvo acceso a la queja presentada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por Jesús Alejandro Orduña Padilla, Oficial Ministerial que realiza funciones de auxiliar del agente del Ministerio Público Federal.
- Te recomendamos Por Covid-19, FGR ordena suspender cómputo de plazos de los casos que investiga Policía
El servidor público, adscrito a la mencionada unidad, indicó que el 20 de marzo, en ejercicio del derecho de petición, 47 compañeros “elevamos una un escrito de forma pacífica dirigido al doctor Alejandro Gertz Manero”, en el cual se solicitaba se tomaran las medidas adecuadas para enfrentar la contingencia del coronavirus.
“Es el caso que recibí una llamada a mi teléfono celular en la cual me dijeron que me presentara en el área de recursos humanos el día 27 de marzo, situación que me causó asombro; al llegar ahí, me dijeron que por instrucciones de Guillermo Terán Pulido, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, el contrato que acabo de firmar en días anteriores que abarca el periodo del 1 de abril al 30 Junio de 2020 ya no sería tramitado.
“Debería entregar con esta fecha y de manera inmediata mis bienes institucionales como computadora y credencial, porque ya no seguirá laborando, refiriéndome el personal de recursos humanos de manera burlona y prepotente que era una instrucción del titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, porque firmé una petición dirigida al Fiscal General de la República donde se pedía acciones y medidas para la contingencia”, detalla la queja ante la CNDH.
El Oficial Ministerial solicitó la intervención de la CNDH porque dijo que se violentan sus derechos humanos y laborales por parte de las autoridades.
Por su parte, la FGR respondió que respeta la libertad de expresión de cada uno de los integrantes de la institución y aseguró que el despido no se debió por el escrito enviado al fiscal.
La dependencia indicó que se trató de cuestiones presupuestales y de ajustes en las plantillas de personal en el área de Secuestros, por lo que ya no se renovó el contrato temporal del Oficial Ministerial, el cual vence el 31 de marzo de este año.
“Cabe destacar que por el mismo motivo se están violentando los derechos laborales a diversos compañeros con la misma dinámica pese a que ya tenían firmados sus contratos en esta situación al parecer está una agente del Ministerio Público y otra compañera Oficial Ministerial”, señala la queja.
Agentes del Ministerio Público Federal, Oficiales Ministeriales y otros servidores públicos aseguraron que no existen las condiciones mínimas de higiene en las instalaciones de la Seido, porque se carece de alcohol, gel e incluso de jabón en los sanitarios.
También manifestaron que el personal adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), está en riesgo porque tiene contacto directo con posibles portadores.
irh