La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California Sur contra el Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Norte que aplica descuentos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y que limita la franquicia de importación de mercancías en los aeropuertos.
- Te recomendamos Secretaría de Salud propone subir impuestos al tabaco Política
El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempla ni un municipio de Baja California Sur como región fronteriza, motivo por el cual el gobernador Carlos Mendoza Davis promovió la controversia.
“Es un reconocimiento a que hay un argumento, no sé cuál va a ser la resolución de la Corte y yo trabajaré para buscar que sea favorable, pero lo que sí es importante es que la Corte acaba de reconocer que nuestro argumento es válido y que procede por supuesto el analizarlo y pronunciarse”, manifestó el gobernador.
Mendoza ha reclamado públicamente que para efectos fiscales Baja California Sur no es considerada región fronteriza como lo eran antes; “por ello, pagamos el doble del IVA y 33 por ciento más de ISR que en la frontera”.
- Te recomendamos Arranca esquema del SAT para retener impuestos a socios de apps como Uber y Rappi Negocios
En redes sociales, el gobernador escribió en Twitter que “para efectos de franquicia de importación, sí somos región fronteriza, por lo que podemos importar libres de pagar impuestos sólo 150 y no 500 dólares como sucede en el resto del país.
“Perder, perder para BCS. Ante el trato discriminatorio que nos da la Federación, es que el pasado 13 de febrero promovimos controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”
Ayer, la Segunda Sala de Corte declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por el Poder Ejecutivo de la mencionada entidad, quien impugnó la decisión que en marzo de este año emitió la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien desechó su demanda.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó un proyecto el cual fue votado favorablemente por los integrantes de la Segunda Sala, por lo que la Corte ahora estudiará el caso y resolverá sobre el fondo del asunto.
El decreto impugnado abarca 43 municipios de los estados de Baja California, ademas de algunos de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
irh