La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordena al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregar a un particular los documentados relacionados con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y sobre las elecciones de 2012.
Por unanimidad, la Corte declaró infundado el recurso de revisión promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual argumentó que hacer públicos los documentos afectaría y pondría en riesgo la seguridad nacional porque López Obrador actualmente detenta el cargo de presidente de la República.
El INAI ordenó el 10 de abril de 2019 entregar al CNI entregar 14 documentos relacionados con las elecciones y cinco referentes al desafuero de AMLO. Los ministros señalaron que la divulgación de los documentos no afecta la seguridad nacional.
Luis María Aguilar Morales, ministro ponente, dijo que la Consejería Jurídica no demostró que la información clasificada pusiera en riesgo la seguridad nacional, porque no advirtió que la difusión de ésta revele normas y procedimientos, métodos o fuentes, que utilice el Centro Nacional de Inteligencia para la generación de información.
“En este caso en particular, de la lectura de los documentos respectivos, no se aprecia que alguno de ellos señale expresamente o se refiere implícitamente a normas procedimientos o métodos del Centro de Investigación…sino que únicamente…se relacionan con acontecimientos que en su momento fueron de conocimiento público y se dio seguimiento por parte de los medios de comunicación a nivel nacional, lo cual es de conocimiento público”, apuntó.
Por lo anterior, dijo que fue ajustada la decisión del INAI de revocar la ampliación del periodo de reserva de los documentos y ordenar que esté disponible la información.
Aguilar Morales abundó que la información solicitada se refiere a acontecimientos correspondientes a periodos del pasado como son 2005 y 2012 respectivamente.
“…aun cuando la información respectiva se relacione con personajes políticos vigentes y en específico con quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la República no se advierte algún motivo por el cual la difusión de esa información pudiera poner en riesgo a su persona, ni mucho menos la gobernabilidad democrática, sino que por el contrario se considera que la entrega de tal información referente a acontecimientos relevantes en materia político-electoral nacional favorece el respeto al derecho de acceso a la información en favor de los gobernados especialmente habiéndose descartado previamente que tal entrega en sí misma pudiera comprometer la seguridad nacional”, añadió.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahfl consideró que los documentos relacionados con la información del desafuero en 2005 y elecciones del 2012 no ponen en riesgo la seguridad nacional, en tanto no se difunden explícita o implícitamente normas, procedimientos, métodos y fuentes que utiliza el Centro Nacional de Inteligencia para el ejercicio de sus atribuciones.
La ministra Norma Piña Hernández dijo que se trata de documentos que recopilen hechos que en su momento tuvieron difusión pública en medios informativos y que en cierta medida hacen únicamente un análisis de corte sociopolítico de los acontecimientos de ese determinado contexto histórico.
“En mi opinión no tienen el potencial de actualizar ninguno de los supuestos de riesgo o afectación a la seguridad nacional invocada por el recurrente, por eso yo votaré con el proyecto”, expresó.