La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el cual buscaba echar abajo el amparo otorgado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual le permitió apelar su condena de nueve años de prisión y pelear por sus propiedades aseguradas.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros aprobaron el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso desechar el recurso.
Funcionarios del Alto Tribunal explicaron que la UIF impugnó que Javier Duarte, al ser sentenciado, se desistió de apelar la condena de nueve años de prisión.
Los ministros coincidieron que, a la fecha, el recurso de apelación ya fue resuelto, e incluso ya fue confirmada la sentencia condenatoria contra el ex gobernador.
Santiago Nieto Castillo, entonces titular de UIF, interpuso el recurso de revisión para que la Corte analizara el caso, porque no existen precedentes sobre este tema, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que se deba ratificar por escrito cuando una persona se desiste de apelar su condena.
El 26 de septiembre de 2018, en un juicio abreviado, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no quiso apelar. No obstante, días después, dijo que nunca fue su intención desistirse.
Como el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte no le dio entrada a su recurso de apelación, Javier Duarte se amparó y un tribunal colegiado le concedió la protección de la justicia porque no ratificó por escrito su decisión.
El tribunal colegiado ordenó al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez dar trámite al recurso de apelación, en diciembre de 2019.
Más adelante, en febrero de 2020, Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de apelación.
En mayo del mismo año, la magistrada ratificó la sentencia de nueve años de cárcel.
Porras Odriozola también revocó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y a 20 inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.
La magistrada dejó claro que esto no implicaba devolverlos a Javier Duarte, porque los inmuebles forman parte de otros juicios que aún están en curso, ya que no se sabe quiénes son los verdaderos propietarios.
DMZ