Las fuerzas armadas continuarán en las calles para seguir participando de “manera extraordinaria” en labores de seguridad, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la salida de los militares de sus cuarteles hasta 2024 para enfrentar al crimen organizado en diversas regiones del país.
Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte determinó que el titular del Poder Ejecutivo Federal utilizó de manera correcta su facultad establecida en el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019.
El artículo transitorio permite, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el Presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
La ministra ponente Margarita Ríos-Farjat propuso declarar infundada la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, la cual argumentó una invasión a sus facultades.
Ríos-Farjat dejó claro que el acuerdo no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencie una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el constituyente dispuso en la propia Constitución Federal.
“Podemos tener preferencias personales, podemos tener posiciones y valoraciones distintas, pero no debemos politizar un tema sumamente delicado no solo para el país, sino para la percepción de la sociedad.
“Hoy discutimos un Acuerdo, emitido por el titular del Ejecutivo, a partir de una provisión del poder constituyente en sede democrática. Pretender que toda la política al respecto está en este Acuerdo, no solamente desborda la litis, sino que impide calibrar ponderadamente el alcance del Acuerdo impugnado a la luz de lo que le da origen, y que es un mandato del constituyente permanente”, expresó.
Algunos ministros, como Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá reconocieron el grave problema que enfrenta el país en materia de seguridad, pero manifestaron que el Acuerdo publicado no cumple con los requisitos para que el Ejército y Marina participen en estas labores de manera regulada.
Alcántara Carrancá indicó que lo anterior podría abrir la puerta para que los militares suplan a la Guardia Nacional y para que participen en cualquier labor de seguridad.
Sin embargo, las ministras Norma Piña Hernández, Loretta Ortiz Ahfl, Yazmín Esquivel Mossa, y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se sumaron a la propuesta de Ríos-Farjat, en que no debe invalidarse el acuerdo, porque el Presidente de la República ejerció bien su facultad.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán votó solo por una parte a favor del proyecto y solicitó invalidar diversos artículos. Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar puntualizó que este asunto no consiste si debe utilizarse a las fuerzas armadas en labores de seguridad, sino solo si el titular del Ejecutivo ejecutó bien su facultad establecida en el artículo transitorio.
Recordó que el gobierno ha venido recurriendo a las fuerzas armadas por muchos años, primero, si un marco jurídico. Tal ausencia de regulación generó inseguridad e incertidumbre y entre las propias fuerzas armadas.
El ministro señaló que no se pueden negar abusos y arbitrariedades que se tradujeron en violación a los derechos humanos, motivo por el cual las fuerzas armadas solicitaron la regulación de su actuación.
Añadió que hubo intentos de regulación, pero fracasaron porque se trató hacer pasar seguridad interior por seguridad pública.
“El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública”, enfatizó.
El acuerdo emitido por López Obrador establece que la colaboración de la fuerza armada permanente deberá ser formalmente requerida, para brindar protección a las personas y la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
El acuerdo menciona que la fuerza armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución y deberá respetar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.
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