Aunque continúa la investigación para esclarecer su muerte, la cremación de los restos de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle no fue ilegal.
Así lo reiteró el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien defendió la decidió de las autoridades al momento de llevar a cabo el proceso de incineración.
“En este caso, más que probado que las decisiones que tomó el agente Ministerio Público están totalmente sustentadas, hubo los elementos para que se tomara esta decisión, la identificación y la práctica de la necropsia”, detalló.
Como en todos los casos, abundó Higuera Bernal, se procede a entregar los cuerpos a los familiares cuando se han cubierto los requisitos, lo cual, aseguró, hicieron en tiempo y forma.
Aseguró que, aunque existe una denuncia de este hecho, no procede debido a que la autoridad ministerial no incurrió en ningún delito.
La petición la realizó el 4 de enero de este año un grupo de personas que, además, se manifestó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ese día el abogado de los quejosos, Alberto Peralta, indicó que es un delito incinerar los restos de una víctima cuando están en proceso las investigaciones, como en el caso de los políticos.
“Contraviene contra las leyes penales vigentes del Estado, es un delito contra la procuración de justicia, por lo tanto se está entregando una relación de hechos para que se investigue.
“Estos dos cuerpos (de la gobernadora y de su esposo) fueron cremados cuando había una carpeta de investigación, entonces es una denuncia contra quien resulte responsable”, dijo el litigante.
ARP