En los medallones de las unidades del transporte público de pasajeros que operan era la zona del Valle de Teotihuacan pueden observarse calcomanías con la palabra “La Legión Presente”, un código QR y un folio, mismas que han sido colocadas por integrantes de la delincuencia organizada para identificar a los operadores que ya aceptaron pagar una renta semanal de 2 mil pesos para que los dejen trabajar en paz.
“La verdad es muy difícil que alguien quiera hablar de este tema, porque los que han hablado desgraciadamente ya están muertos”, comentó uno de los trabajadores del volante a MILENIO Estado de México.
Los choferes no hablan de lo que sucede ahora, pues saben que deben guardar silencio si quieren conservar su vida: “lo que pasa es que no nada más nos rentean a nosotros, también rentean a los autobuses, de hecho por ahí hubo una amenaza de secuestro -y esto te lo digo muy acá- no podemos poner la empresa ni nada, pero es una que entra aquí, al Estado de México, y le dieron un… bueno, algo de secuestro al presidente de esa empresa”, advirtió uno de los operadores.
Ahora los integrantes del crimen organizado están a la vanguardia y hacen uso de la tecnología para llevar un control de las líneas de transporte y de las camionetas Urvan, combis y microbuses que después de los métodos violentos que emplearon -como quemar sus unidades y matar a varios de sus compañeros- decidieron pagar la “renta”.
El ataque en el que los “renteadores” quemaron una unidad de la empresa Teotihuacan y le quitaron la vida al operador Román “N” -de la unidad con número económico 21, sucedió el pasado 29 de enero- en el poblado de Oxtotipac en Otumba, donde un grupo de hombres armados obligaron a los usuarios a descender del vehículo para rociarle gasolina, quemarlo y después asesinar al chofer.
Días después la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención de cuatro sujetos relacionados con la quema de unidades en la zona, pues los otros dos ataques ocurrieron en el municipio de Acolman, en la comunidad de Tepexpan, el 24 de diciembre del año pasado. Días después, ocurrió otro en la entrada de la demarcación de Otumba.
Sin embargo, la extorsión a los permisionarios continúa y hoy los pegotes en las unidades con la leyenda “Legión”, el código QR y el folio están en cada uno de los medallones, sin que nadie haga nada por poner un alto a este crimen, no obstante que las autoridades estatales y municipales tienen conocimiento del hecho.
“Los sujetos que detuvo la FGJEM no eran los cabecillas de esta banda, sino ‘halcones’ que emplearon para ubicar a todos los choferes”, señalaron trabajadores.
Los operadores del transporte público de la región dijeron que el presidente de Otumba, Mauricio Cid Franco, se ofreció a gestionar apoyo por parte de las corporaciones policiacas del gobierno federal, estatal y municipal, para que se lleven a cabo operativos de vigilancia en los trayectos de las rutas.
Incluso mencionaron que hay una Base de Operaciones Mixtas (BOM) de la Guardia Nacional a un costado del palacio municipal de Otumba, pero todo pasa inadvertido porque esto no frenó los ataques ni las extorsiones, por lo que muy a su pesar tuvieron que acceder a aportar el dinero al grupo criminal.
No obstante “confiamos en que las autoridades hagan algo y terminen con esta mafia de renteadores que nos han quitado la tranquilidad y han dejado de luto a la familia de nuestro compañero Román”, señalan.
Sobre la incidencia
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte del 20 de abril de 2021 se han contabilizado mil 130 reportes sobre robos contra el gremio de transportistas, de los cuales 997 casos han sido perpetrados con actos de violencia y 133 sin violencia, sin embargo, empresarios del sector aseguran que el miedo a levantar una queja formal es lo que mantiene "a flote" las estadísticas de este tipo de ilícito, ya que en promedio de cada diez eventos ocurridos -ya sea robo o extorsión- solamente uno es denunciado.
De igual forma, entre enero y febrero de este año se denunciaron ante la Fiscalía mexiquense un total de mil 147 delitos a bordo de unidades de transporte público, en enero se cometieron 574 y en febrero 573; en el mismo periodo de 2020, fueron mil 233 denuncias realizadas; la mayoría de estos hechos criminales se llevaron a cabo a bordo de unidades de transporte urbano colectivo.
KVS