M+.- Tuvo suerte. Llegó a un acuerdo por el cual las autoridades de justicia le dictaron sólo ocho meses de prisión, aunque la pena máxima que consideraba ese delito era de 10 años.
Así, Luca Scalisi, quien fungía como CFO o director de Finanzas del importante sello discográfico con sede en Los Ángeles, Del Records, especializado en música regional mexicana, evadió el máximo rigor luego de ser acusado de mantener vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
MILENIO obtuvo documentos de una corte en California los cuales revelan que el 8 de abril fue sentenciado por conspiración para realizar transacciones con bienes de narcotraficantes, en violación a la Ley de Designación de Capos Extranjeros, mejor conocida como Ley Kingpin, que prohíbe hacer negocios con personas señaladas por el Departamento del Tesoro por sus nexos con el crimen organizado.
La explicación a esa distancia entre el máximo posible y la sentencia real se halla en el mismo expediente. El 24 de abril de 2025, casi un año antes de ser sentenciado, Scalisi firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Central de California, por medio del cual el acusado acepta ser responsable de un cargo de la acusación original, a cambio de que la fiscalía recomendara una reducción de tres niveles en su calificación de sentencia por admitir tal declaración.
El resultado fue que 13 de los 14 cargos que originalmente pesaban sobre él fueron desestimados el día de la sentencia, a petición del propio gobierno. En el documento firmado ante el tribunal, el acusado se declaró “culpable del cargo y deseo aprovechar las promesas contenidas en este acuerdo, y no por ninguna otra razón”.
A pesar de que con el acuerdo la defensa de Scalisi pensó que no pasaría ningún día en prisión, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó ocho meses de pena en instalaciones del Buró de Prisiones, preferentemente en el sur de California para que Scalisi pueda mantener contacto con su familia.
Al salir cumplirá tres años de libertad supervisada, pagará 15 mil dólares de restitución y una evaluación especial de 100 dólares. Debe entregarse a las autoridades a más tardar el 8 de julio de 2026.
Así operaba la narcodisquera
Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez, no era un promotor cualquiera. Con sede en Guadalajara, Jalisco, tierra del CJNG, este hombre era el brazo mexicano de Del Records, la disquera fundada en Los Ángeles en 2008 por Ángel del Villar, el empresario zacatecano tatuado y musculoso que saltó a la prensa rosa cuando se hizo público su noviazgo con Janney Marín Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni Rivera.
Del Villar construyó una de las empresas de música regional mexicana más exitosas de Estados Unidos, y Pérez Alvear era quien movía los hilos de los conciertos en México. Organizaba los eventos de los artistas del sello, negociaba con los promotores locales, conseguía los foros y se quedaba con su tajada.
En su catálogo de representados había nombres de primera línea: Julión Álvarez, uno de los cantantes de banda más populares del país, y Gerardo Ortiz, el primer artista firmado por Del Records y la joya de la corona del sello.
El 6 de abril de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Chucho Pérez y a su empresa Gallística Diamante en su lista negra como narcotraficante especialmente designado por sus vínculos con el CJNG.
La investigación que llevó a ese señalamiento había comenzado en 2003, es decir 15 años antes. Según Estados Unidos, Pérez Alvear era un operador financiero del cártel que usaba la industria del espectáculo como pantalla. Debido a esto, el gobierno estadunidense determinó que ninguna empresa o persona de ese país podría hacer negocios con él.
El expediente judicial confirma que entre el 6 y el 9 de abril, Del Villar, Scalisi y otros ejecutivos de la empresa se enteraron del señalamiento. Menos de dos semanas después, agentes de la agencia antidrogas, la DEA, tocaron la puerta de la habitación de hotel del cantante Gerardo Ortiz en Phoenix, Arizona, para informarle personalmente y entregarle una copia de la carta oficial del Departamento del Tesoro que decía que no podían hacer negocios con ellos.
Esa misma carta llegó a manos de Del Villar y de Scalisi. Los tres sabían qué contenía. El concierto no se canceló.
Quedó demostrada la conexión entre el artista y los directivos de la disquera angelina. Por ejemplo, el 27 de abril de 2018, Gerardo Ortiz se presentó en la Feria de Aguascalientes en un evento organizado por Chucho Pérez. El jet privado que trasladó al artista desde Van Nuys, California, hasta la capital hidrocálida se pagó con la tarjeta American Express de Ángel del Villar.
Fue Scalisi quien, por instrucciones de Del Villar transmitidas a través de una empleada, envió a la empresa de jets los datos de la tarjeta y la identificación del CEO para confirmar la reservación. El aeropuerto de Aguascalientes estaba cerrado ese día, pero desde Del Records aseguraron tener contactos en el gobierno local que permitirían el aterrizaje.
Entre septiembre de 2018 y enero de 2019, el dinero generado por los conciertos de Ortiz en México siguió fluyendo hacia la cuenta de la empresa Del Melodía, abierta en un banco mexicano y controlada electrónicamente de manera exclusiva por Scalisi, el único empleado con acceso a ella.
El acuerdo de culpabilidad firmado por el financiero establece que esos depósitos sumaron 2 millones 700 mil pesos, equivalentes a 492 mil 632 dólares. La distribución era fija: la subsidiaria Del Entertainment se quedaba con el 30 por ciento, Ortiz con el 70, y Chucho Pérez cobraba un 5 por ciento adicional como comisión de representante, ya descontado antes de que el dinero llegara a la cuenta.
Cada vez que una empleada de Del Entertainment enviaba a Scalisi fotografías de los recibos de depósito, él los confirmaba.
Nacido en Italia, fichado por Eminem y reclutado por el CJNG
En el expediente judicial del financiero, hay una carta de cuatro páginas que el propio Scalisi envió a la jueza Ewusi-Mensah Frimpong antes de recibir su sentencia donde asegura:
“Esta es una carta que nunca pensé que tendría que escribir en mi vida. Nada como esto me había pasado antes. Estoy avergonzado. Acepto plena responsabilidad por las cosas que hice y no estoy buscando excusas”, arranca el texto.
En la misiva, Scalisi reconstruye una vida construida lejos de cualquier vínculo criminal. Nació en Roma en 1966, uno de tres trillizos criados en una familia católica. Asistió a escuelas del Vaticano, emigró a Estados Unidos en 1980, cursó la preparatoria en Beverly Hills y fue aceptado en la Universidad del Sur de California. Abandonó sus estudios para cuidar a su padre enfermo de cáncer, quien murió cuatro años después.
Trabajó en una firma de capital de riesgo, administró portafolios inmobiliarios que incluían el Century City Shopping Mall, fundó en los noventa una empresa de ropa con licencias de Disney y Bloomingdale's, y pasó casi una década trabajando para la compañía del rapero Eminem. En 2014, un reclutador lo llevó a Del Records. Su rol en la empresa, argumentó, estuvo centrado en la parte de streaming y licencias.
“Ha cambiado mi vida para siempre”, escribió sobre su participación en la estructura criminal.
“Debí haber hecho más y fallé. No sólo me fallé a mí mismo sino a mi familia, a mis amigos y a mi país. Tendré que vivir con la vergüenza de mi falta de acción por el resto de mi vida”.
Cuatro cartas acompañaron la suya. Una hermana trilliza retirada en California escribió que lo ocurrido es "completamente ajeno al carácter" de su hermano. El otro hermano trillizo, director de operaciones de una empresa tecnológica entre Los Ángeles e Italia, lo describió como alguien que en la industria musical “era un inadaptado precisamente porque nunca bordeaba las reglas”.
Un hermano mayor desde Italia calificó el incidente de “error de juicio completamente fuera de carácter”. La carta más personal llegó de un amigo escritor y crítico gastronómico que lleva años perdiendo la vista por retinitis pigmentosa incurable:
“Me ha sostenido cuando pensé que no podía soportar más la perspectiva de la oscuridad. Es el tipo de persona de la que no te sueltas”.
Scalisi pidió perdón; Del Villar se negó a "ser informante del gobierno"
Con la sentencia de Luca Scalisi el 7 de abril de 2026, el caso de la narcodisquera de Los Ángeles cerró su último capítulo judicial. Scalisi era el último acusado que aún esperaba sentencia.
Ángel del Villar, el CEO zacatecano que construyó Del Records desde cero y que prefirió ir a juicio antes que negociar con el gobierno, fue declarado culpable el 27 de marzo de 2025 de 11 cargos por violar la Ley Kingpin.
La jueza lo sentenció el 15 de agosto del 2025 a cuatro años de prisión federal más una multa de dos millones de dólares.
Del Villar se entregó a las autoridades el 1 de diciembre de 2025. Al salir de la audiencia en la que fue declarado culpable, con el jurado todavía en la sala, dijo a los medios de comunicación:
“Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa, que ser como informante del gobierno. Yo quería llegar al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no enfrentar las consecuencias”.
La referencia era obvia: Gerardo Ortiz. El cantante fue el testigo estrella del juicio. En dos días de testimonios, Ortiz aseguró que Del Villar lo engañó para que acudiera a ese concierto organizado por Chucho Pérez, quien ya había sido designado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro.
También declaró que había visto a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records en Los Ángeles en múltiples ocasiones, donde el promotor reclutaba bandas para shows en México.
El abogado de Gerardo Ortiz, Mark Werksman, resumió la postura de su cliente al salir de la corte:
“Es testigo en este juicio y ha testificado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México en nombre de promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro ha prohibido a los estadunidenses hacer negocios. Gerardo y otros artistas actuaron en estos conciertos con la garantía de su exrepresentante de que podían hacerlo, cuando, de hecho, actuar en ellos constituía una violación de la ley federal”.
Fact checking: JRH / MD