Un juez federal declaró improcedente un juicio de amparo que un ciudadano promovió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador porque no cuenta con personal que garantice su seguridad física, tal y como lo hacía el Estado Mayor Presidencial con otros ex mandatarios.
Actualmente, el titular del Ejecutivo federal es resguardado por la denominada Ayudantía, personal de seguridad conformado por civiles desarmados.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, determinó que la queja carece de legitimación jurídica, motivo por el cual no se puede ejercer control constitucional contra lo que demanda.
“Bajo esa tesitura, este juez advierte que una eventual sentencia de amparo en contra de la omisión precisada como acto reclamado, no produciría un beneficio o efecto positivo sobre la esfera jurídica del quejoso, es decir, su esfera de derechos no se vería beneficiada de modo alguno, situación que revela que en realidad comparece al juicio de amparo con un interés simple, el cual tiene cualquier miembro de la sociedad, pues la integridad física y personal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos es una cuestión que resulta importante para todos los mexicanos, pero que de ningún modo se convierte en un interés legítimo”, detalla la resolución.
Por esta razón, el juez consideró que el demandante carece de interés jurídico o legítimo para impugnar la omisión del presidente López Obrador de contar con personal que garantice su seguridad física personal como lo hacía anteriormente el Estado Mayor Presidencial.
“Toda vez que dicha omisión no incide sobre algún derecho humano, razón por la cual, no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica”, afirmó.
A partir del 1 de diciembre de 2018, fecha en que asumió la Presidencia López Obrador, el Estado Mayor Presidencial dejó de custodiar al titular del Ejecutivo. Antes de tomar posesión del cargo, López Obrador solicitó a la Sedena que el 1 de diciembre ya no existiera el Estado Mayor Presidencial.
El 30 de noviembre, el gobierno federal emitió la normativa correspondiente para que quienes formaban parte del Estado Mayor Presidencial y Guardias Presidenciales se reintegraran a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al desaparecer el EMP, sus elementos se comenzarían a integrar a dos nuevas brigadas de Policía Militar, que se sumarían a las 10 existentes en el país, de las cuales siete fueron creadas durante la administración de Peña Nieto.
dmr