En febrero de 2019, María Dolores y Rosita Marimar asesinaron a Tomas “N”, quién las prostituia en Puebla, y aunque el ataque en su contra fue en defensa propia, ambas fueron detenidas y vinculadas a proceso acusadas de homicidio calificado.
De acuerdo con la declaración de Dolores, la noche del primero de febrero de 2019, Rosita Marimar se negó a realizar un servicio que Tomás había pactado, por lo cual el hombre empezó a golpearla al interior de su domicilio, ante esto uno de los hijos de Rosita, quien fue con Dolores para pedir auxilio ya que temía que algo le pasara a su mamá.
La joven de entonces 21 años acudió al llamado de auxilio y al ver la fuerza con la cual Rosita estaba siendo golpeada tomó un cuchillo y apuñaló a Tomás en el cuello.
“Lo que hicieron particularmente Dolores fue un acto de absoluta legítima defensa, lo hizo para salvaguardar no solamente la vida de Rosita Marimar sino también a ella misma”, precisó MILENIO, Karla Michel Salas, defensora de las jóvenes.
Dolores fue enganchada a finales de 2018 por Rosita con quién había hablado durante meses por redes sociales para convencerla de abandonar su natal Tabasco y así iniciar una nueva vida juntas al lado de sus hijos en San Matías Tlalancaleca.
Sin embargo, al llegar al pueblo se dio cuenta de que todo era un engaño y que en realidad Rosita estaba casada con Tomás y era utilizada para reclutar mujeres y prostituirlas en el municipio.
Ambas mujeres eran víctimas de trata de personas en una tienda enfrente del Palacio Municipal y pese a eso, las autoridades nunca intervinieron para rescatarlas; las dos veces que Dolores intentó escapar fue regresada con su tratante al pedir ayudar entre los habitantes.
Pese a todas las violencias de las que fueron víctimas tanto física como psicológicas, las autoridades no las tomaron en cuenta y les negaron cualquier medida para llevar su proceso en libertad; además alargaron el juicio, el cuál inició en abril del 2023, por lo cual Rosita y Dolores tienen cuatro años en prisión preventiva.
“En general hay un desinterés por parte de las autoridades de investigar y particularmente cuando se trata de mujeres hay un problema estructural en el sistema de justicia penal mexicano donde a las mujeres, sobre todo a las mujeres que están siendo señaladas de cometer un delito, existe una doble criminalización”, precisó Salas.
La próxima audiencia del caso será el 17 de mayo y ante esto la defensa de las jóvenes, así como el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia, pidieron a las autoridades ver el caso con perspectiva de género tomando en cuenta que ambas fueron víctimas de varios delitos por parte de Tomás “N”, quién ahora es señalado como víctima.
“Cuando las mujeres cometen actos o hechos sobre todo que implican violencia, son mujeres que se han salido de esa norma, que la idea que se ha generado en la sociedad es que las mujeres no podemos ser violentas o defendernos de esa manera”, puntualizó la defensora.
A nivel nacional, en lo que va del 2023, 126 mujeres han sido víctimas de trata de personas, de las cuales 17 fueron en Puebla, lo cual coloca a la entidad como la cuarta con más casos de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.